Las familias que buscan pistas sobre sus seres queridos desaparecidos en los lugares de exterminio recientemente descubiertos en el norte de México han acudido a los líderes de los cárteles locales en busca de ayuda, revelando su desesperación por encontrar cualquier rastro de los desaparecidos entre masas de huesos incinerados.
A finales de julio, las familias de los desaparecidos en Tamaulipas emitieron una carta dirigida a la facción del Cártel del Golfo que opera en Matamoros, en la frontera entre México y Estados Unidos.
No buscamos culpables; buscamos a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares, insistieron.
A principios de este mes, el gobierno mexicano reconoció la existencia de un sitio de exterminio en Matamoros, donde se ha encontrado más de media tonelada de restos óseos. El lugar, conocido como La Bartolina, se encuentra a sólo 12 kilómetros de la frontera en Brownsville, Texas.
Sólo en Tamaulipas, los grupos que buscan a los desaparecidos han identificado 57 de estos lugares de exterminio desde finales de 2012, según un informe del portal de noticias Elefante Blanco.
Días antes de la carta de las familias de Tamaulipas, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl emitió un comunicado de prensa en el que urgía a las autoridades del estado fronterizo del norte a acelerar las investigaciones en cinco de estos sitios, donde se han recuperado más de 600 mil restos óseos desde 2010.
Todas las fosas clasificadas como lugares de exterminio comparten ciertas características macabras: múltiples fosas clandestinas, contenedores para incinerar cuerpos, campamentos, zonas de confinamiento y restos de víctimas.
En una entrevista con Elefante Blanco, la comisionada nacional de búsqueda de México, Karla Quintana Osuna, declaró que La Bartolina es el mayor sitio de exterminio que las autoridades federales han identificado.
Hemos decidido designarlos como sitios de exterminio (…) porque son crematorios donde han tratado de desaparecer y pulverizar al menos a cientos de personas, dijo Quintana Osuna en entrevista con Milenio.
En los últimos 15 años, más de 80.000 personas han desaparecido en México. Según un informe del gobierno federal de abril, Tamaulipas y Nuevo León se encuentran entre los cinco estados con mayor número de desapariciones denunciadas.
Reconocer la existencia de lugares de exterminio en México es un paso importante para comprender la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para abordar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se han producido en el noreste del país, donde los grupos criminales siguen en el poder.
Las zonas en las que se han detectado centros de exterminio tuvieron en su día una importante presencia de los Zetas y del Cártel del Golfo. Estos grupos de narcotraficantes estuvieron involucrados en varios episodios de extrema violencia que se cobraron la vida de miles de víctimas.
Por ejemplo, el penal de Piedras Negras, en Coahuila, fue utilizado como centro de exterminio donde los Zetas asesinaron a más de 150 personas entre 2010 y 2012. Sus cuerpos fueron luego quemados en barriles llenos de diesel conocidos como hornos. La policía y el personal penitenciario estaban al tanto de que la prisión se utilizaba como campo de exterminio.
Los Zetas y el Cártel del Golfo, antes considerados unos de los grupos más violentos de México, ya no ejercen el mismo poder tras su fractura. Sin embargo, los grupos escindidos siguen aterrorizando a la población local. Por ejemplo, en junio, los tiroteos en Reynosa dejaron 19 muertos, muchos de los cuales se dice que eran transeúntes. Se atribuyó a una célula vinculada al cártel del Golfo la autoría de los disparos, así como el secuestro de 119 personas.
Los agentes estatales también desempeñan un papel importante en los abusos. En enero, por ejemplo, 19 personas -entre ellas migrantes guatemaltecos- fueron masacradas y quemadas en el municipio tamaulipeco de Camargo. Al menos 12 miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (GOPES), que depende directamente del gobernador del estado, fueron considerados responsables. Ese mismo mes, los habitantes de Ciudad Mier, en Tamaulipas, denunciaron haber sido desplazados por la fuerza tras la desaparición de dos personas a manos del GOPES.
Asimismo, en 2019, la DEA acusó a elementos de la dependencia de detener y desaparecer personas, entregándolas a los cárteles.
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido destinar más recursos a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y ha creado comisiones de búsqueda en cada estado.
Sin embargo, la mayor parte de la carga sigue recayendo en los familiares, los grupos de búsqueda y otras organizaciones no gubernamentales, que se enfrentan a barreras burocráticas, corrupción y negligencia gubernamental.
Los activistas que buscan a los desaparecidos también son constantemente amenazados por su trabajo y el Estado rara vez les ofrece protección. El 16 de julio, una mujer fue asesinada en el estado de Sonora tras pasar meses buscando a su marido con un grupo llamado Madres Buscadoras de Sonora.
Según el informe de Elefante Blanco, los miembros del grupo que descubrió La Bartolina en Matamoros han recibido amenazas desde que el gobierno lo reconoció como centro de exterminio.
Los casos de desapariciones forzadas en México se enfrentan a un alto nivel de impunidad y las investigaciones sobre los lugares de exterminio y las fosas clandestinas han sido titubeantes y engorrosas. Las autoridades suelen mostrarse indiferentes. Los investigadores afirman que se puede hacer mucho para acelerar las identificaciones y los procesamientos, incluso de los funcionarios estatales cómplices.
La gente lo sabía. Las autoridades lo sabían. Algo de esta envergadura no puede pasar sin que sepan lo que está pasando, dijo a Milenio Quintana Osuna, comisionado nacional de búsqueda.