El 14% del gas licuado de petróleo (LP) distribuido en México en 2020 fue vendido por bandas criminales en la Ciudad de México y el Estado de México, según la Asociación Mexicana de Gas (Amexgas).
Amexgas calcula que el año pasado se produjeron 23.000 robos en los oleoductos de la petrolera estatal Pemex, lo que supone 100.000 toneladas de gas al mes.
Las bandas roban camiones de gas para trasladar el gas extraído, una pequeña parte del cual se vende en la misma zona, y la proporción mucho mayor se transporta al Estado de México y a la Ciudad de México.
Las bandas bloquean la distribución de las compañías de gas establecidas y se hacen con el control cobrando por el derecho de acceso. También venden el gas del mercado negro muy por debajo del precio de mercado a través de los canales de distribución tradicionales, y están intentando hacerse con el control de más gasoductos.
Los robos se concentran en 10 estados -Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas- y representan hasta el 25% del producto vendido.
Hay enfrentamientos entre grupos que van en aumento, encima se están creando otros grupos que defienden territorios más pequeños y empiezan a cobrar por el derecho de acceso, dijo un distribuidor que pidió el anonimato.
El presidente de Amexgas, Carlos Serrano, explicó que el problema existe desde hace 20 años, pero que se ha intensificado mucho.
Si se suman los robos de los 12 años que van de 2000 a 2012 suman unos 5.000. Si solo el año pasado hubo 23.000, te puedes hacer una idea de la situación que estamos viviendo, dijo.
Desde el año 2000 se han producido 83.000 robos, el 60% de ellos en los últimos tres años.
Serrano explicó que el valor de lo que se roba a Pemex en un solo año alcanzaría para pagar toda su deuda, y que se ven afectados usuarios y empresas regulares, como tortillerías, panaderías, restaurantes y hoteles.
Están poniendo en riesgo a la población mexicana porque estas empresas no tienen ni el interés ni la responsabilidad de cumplir con los procedimientos adecuados. Además, esta industria ilegal está expulsando a los empleos formales… están expulsando a las empresas a través de pandillas, amenazas y extorsiones, dijo.
Serrano concluyó que la criminalidad crea incertidumbre en el sector energético y muestra una falta de respeto al Estado de Derecho, lo que impide el crecimiento económico y social.