(A Todo Momento) — Una política de exterminio.
Hemos sobrepasado los niveles de desesperación y de ignominia: esta semana se viralizó un video escalofriante, de un hombre en Los Guayos, estado Carabobo, que descuartizó un perro para comérselo; no es la primera vez que esto sucede, en septiembre de 2017 unos hombres deshuesaron a un perro en Quinta Crespo para poder comer.
Cada vez hay más personas, ancianos, mujeres y niños buscando desperdicios en la basura, desesperados por encontrar algo que llevarse a la boca. La estrategia gubernamental ha conducido a una depauperación colectiva. Miles de enfermos están en riesgo de muerte por falta de medicamentos y tratamientos. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que importa en exclusividad medicamentos de alto costo y especificidad, presenta una escasez crónica de casi todas las medicinas y equipos.
Los pacientes trasplantados de riñón, cerca de 3.500, no pueden continuar con sus tratamientos por falta de inmunosupresores y antirechazo. Según la organización no gubernamental Codevida, que atiende y defiende los derechos de los pacientes con enfermedades crónicas, solo en lo que va de este año 30 personas han perdido los órganos trasplantados por no seguir el tratamiento autoinmune y antirechazo.
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El pronóstico es fatal a corto plazo. Alrededor de 15.000 pacientes renales que necesitan diálisis corren riesgo de morir por el cierre de los centros de diálisis. Más de 20.000 pacientes de Parkinson también se encuentran en riesgo de morir porque no consiguen los medicamentos. Las autoridades sanitarias tampoco suministran los antirretrovirales para pacientes infectados con el VIH, lo que significa una sentencia de muerte. Lo mismo sucede con muchos pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas.
En Venezuela hay una emergencia que debe ser atendida, pero el régimen se empecina en negar la crisis humanitaria e impedir criminalmente donaciones y ayuda proveniente de la comunidad internacional. Hay gente que muere por falta de antibióticos. El gobierno perpetra un genocidio.
Estamos frente a un poder deshumanizado que no le importa que la población se muera de hambre o por falta de tratamiento médico. Más de la mitad no está vacunada contra distintas enfermedades que el Estado debe proteger. La agresión de Maduro es tan flagrante como una guerra de exterminio, de hecho en Venezuela hay una política de exterminio: si no te mueres de hambre o por enfermedad no debidamente tratada, te mata el hampa en la calle.
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De acuerdo con los resultados de los estudios realizados por las universidades más prestigiosas –Encovi 2017– la violencia se ha apoderado de 90% del país. La gente huye y emigra en condiciones muy lastimosas hacia países vecinos donde esperan encontrar una vida más digna, pero desgraciadamente no siempre es así. Es una tragedia descomunal que justifica la intervención de organismos internacionales. Un canal humanitario que permita la llegada de medicamentos e insumos médicos puede salvar muchas vidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno de Nicolás Maduro que acepte la ayuda ofrecida por otros países y organizaciones internacionales para paliar la situación porque “es claro que, por las razones que fuera, no puede atender las necesidades de los ciudadanos”. Las autoridades niegan las evidencias y alegan que en Venezuela no falta ni se necesita nada, defienden el derecho de no intervención porque estaría en juego el concepto de “soberanía”.
El régimen confunde “soberanía” con uso y abuso ilimitados del poder. Se sostiene en la soberanía de la tiranía. En algún momento se hará justicia y los responsables de la destrucción del país y del holocausto pagarán por matar de hambre y negar la salud a millones de seres humanos.