Por: Ovidio Pérez Morales
La contraposición entre de facto y de iure equivale a la que distingue lo simplemente físico, fáctico, determinable sociológicamente o perceptible psicológicamente de lo que es consistente desde el punto de vista jurídico y, más profundamente ético (y religioso). Diferencia entre lo que se da y lo que se debe dar.
Lo deseable es que los dos mencionados planos coincidan, pero en la realidad los divorcios no son raros. Porque el ser humano es complejo (cuerpo, espíritu; materialidad, afectividad, voluntad, razón, libre albedrío) y peregrina en una historia de claroscuros; no siempre guardan la armonía entre lo que es-hace y lo que debe ser-hacer. En el manejo de su relacionamiento, que es pluridimensional (con Dios, con los otros y con la naturaleza), tanto se comporta bien, como igualmente cae en distorsiones o abusos de su libertad.
La distinción de facto- de iure se aplica a los gobiernos, a los regímenes políticos, para calificarlos tanto en su génesis como en su ejercicio, en base a su concordancia o no con las exigencias morales y al ordenamiento correspondientes.
Y como la historia no es lineal sino que se desarrolla en continuas metamorfosis, pequeñas o grandes, algo con una génesis de facto puede posteriormente legitimarse, así como también, en cambio, un poder bien sustentado al inicio puede pervertirse en el curso de su actuación.
Ejemplos, el golpe de estado que abre la puerta a un gobierno plenamente aceptado y constitucional, y un gobierno elegido libremente por el soberano que se convierte luego en opresor y dictatorial (Hitler subió al poder en 1933 por votación popular, pero ulteriormente sumió a Alemania en un totalitarismo perverso político y moral).
Estas consideraciones son sumamente útiles para orientarnos en el hoy venezolano, en medio de una gravísima crisis nacional de carácter global (económica, política, ético-cultural). El Régimen alega su origen electoral formal inicial para validar cualquier género de actuaciones y exhibe continuamente al librito de la Constitución como un tótem legitimador o ídolo justificador de todos sus procedimientos.
La verdad, sin embargo es que este Régimen es moralmente ilegítimo y constitucionalmente irregular. Lo primero, porque no garantiza la seguridad ciudadana ni mantiene el estado de derecho, y ha roto la convivencia nacional deteriorando también su espíritu e identidad histórica. Lo de inconstitucional se evidencia con el sólo cotejar el proyecto socialista oficial con los principios fundamentales de nuestra Carta Magna.
La elección del 6 de Diciembre y la manifestación del soberano del 1 Setiembre han puesto en evidencia la inconsistencia del Gobierno-Régimen, cuyo ejercicio del poder es sólo de facto. Por eso se impone, con carácter de urgencia, el Referendo Revocatorio este mismo año. Si ello no se diese, la Constitución y una ética elemental ofrece otros medios de regularización.
Las Señoras Rectoras del CNE deben medir delante de Dios y de los venezolanos los costos nacionales (en vidas, salud, tranquilidad, producción, paz) de los obstáculos que pongan para la celebración del Referendo.