La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, reiteró este domingo que la sentencia dictada contra los alcaldes de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, son consecuencia del incumplimiento notorio y público de los amparos cautelares que les exigían garantizar en sus municipios la preservación de los derechos ciudadanos.
Explicó que el Tribunal dictó amparos cautelares a ambos alcaldes luego de recibir demandas de protección a los intereses colectivos y de constatar posible incumplimiento a algunas de sus funciones, establecidas en el artículo 178 de la Constitución, y mediante pruebas físicas, notorias y públicas (videos, audios, testimonios) se determinó desacato y se sancionó.
Durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, la Magistrada señaló que la medida del TSJ, de sancionar a los alcaldes, está ajustada a derecho y cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre derecho y garantías constitucionales.
En ese sentido, reiteró que en Venezuela está garantizado el derecho a manifestar. “Es un acto garantizado en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones pero lo que no está ajustado a las leyes es la manera en las que se han desarrollado”, explicó.
“La Constitución prevé y garantiza el derecho a manifestar pero de forma pacífica, no de la manera como se han producido (…) Esas manifestaciones, como han querido llamarlas, están revestidas de mucha violencia”, denunció Gutiérrez.
Señaló que estas supuestas “manifestaciones” han sido violatorias de derechos ciudadanos como el libre tránsito, el acceso a la educación, la salud y el trabajo. “Han violentado a la vida misma”, denunció Gutiérrez sobre la violencia desatada en las guarimbas, que han ocasionado hasta la fecha 39 personas fallecidas.
“Las guarimbas no responden al derecho de manifestar. Hay incompatibilidad constitucional”, enfatizó.