(Redacción A Todo Momento) — Una carta abierta del juez Juan Alberto Castro demostraría cómo los ciudadanos Olaff Pérez y William Vilchez se apoderaron del concesionario ToyoOeste, que sería el más importante de Venezuela para la empresa transnacional Toyota.
En el documento, el juez Castro testifica sobre cómo a través de asambleas ilegítimas con los accionistas del concesionario y litigios arreglados, dichos ciudadanos llegarían tener el mando de la empresa, siendo que antes eran simples accionistas minoritarios.
“A través de documentos ilegales, Olaff Pérez y William Vilchez, han obtenido el control de dicho concesionario, todo ello por órdenes impartidas por estas mafias civiles y militares que hacen vida en el poder judicial venezolano, quienes me amenazaron para fallar a su favor”, manifestó el juez Castro.
El fraude
El juez Castro manifestó que al revisar los documentos pudo notar que el fraude inició con el establecimiento de asambleas ilegales que no están contempladas en los estatus del concesionario. William Vilchez se convirtió en el accionista mayoritario con un aumento de su capital a espaldas del resto de los socios, además que se evitó la emisión de nuevas acciones. Todas estas actividades fueron respaldadas por Notarías y Registros que “legalizaron” tales asambleas. Dicho capital no fue pagado finalmente.
Se le fue exigido al juez Castro que avalará tales acciones, además de disminuir al accionista mayoritario legítimo Carlos Nagel Markovic. Estas solicitudes vendrían directamente del presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y del general Carlos José Armas López.
Castro también reconoció que estas solicitudes serían una venganza del General Armas contra Markonic, puesto que el empresario habría denunciado, meses atrás, al castrense por extorsión cometida en Blindados Oeste, empresa de Markonic.
La denuncia habría llegado hasta los oídos del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, pero este la desestimó puesto que dicho General es cercano a él. Finalmente, la venganza del castrense se debía concretar con una prohibición del país contra Markonic y su hermana.
Juan Alberto Castro, como Juez del municipio de la ciudad de Caracas, se le fue asignada una demanda de nulidad contra las asambleas realizadas por el concesionario, para que así se validarás las acciones anteriormente realizadas por Vilchez y Pérez.
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Castro denuncia que recibió llamadas de amedrentamiento contra su familia y su persona por varios magistrados y del general Armas. Todo esto para que él ayudará a “avalar legalmente” las maniobras que estaban realizando Vilchez y Pérez. También comentó que el interés de estos ciudadanos por este concesionario en específico es porque es el punto con más desempeño financiero de la transnacional Toyota.
Los abogados de Vilchez y Pérez, Parra Saluzzo, Anir Nassar Tayupe y José Miguel Azocar, interpusieron demandas creando así falsas controversias entre los accionistas de ToyoOeste, para que en la sentencia quedará registrado que las asambleas ilegales de Pérez y Vilchez no poseían algún vicio. Este proceder en los tribunales serviría para eliminar futuros juicios de nulidad contra dichas reuniones entre los accionistas.
La autoridad jurídica, al conocer esta situación y toda la información anteriormente suministrada, se opuso totalmente a darle el apoyo a estos ciudadanos, quienes se apropiaron fraudulentamente de la compañía, a través de estas asambleas que era convocadas ilegalmente y violaban el artículo 277 del Código Mercantil Venezolano.
También se denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), CICPC y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quedaron en disposición de Vilchez y Pérez para amenazar a los trabajadores que se opusiera a este nuevo orden ilegal que se impuso en el concesionario.
Modus Operandi
El juez Castro testifica que altos personeros del Gobierno usan sus influencias dentro del poder judicial para “legalizar” cualquier artificio o ganar cualquier litigio que esté en proceso en los tribunales del país. “En particular, es posible afirmar sin ninguna duda que usando como mecanismo de presión, el nombre de los magistrados Guillermo Blanco Vasquez, Iván Bastardo Flores y Maikel Moreno, se han cometido actividades delictuales de este tipo, para influir de forma decisiva en la resolución de controversias”, agregó.
Su testimonio denuncia que dichos abusos llegan al punto de invadir las competencias de jueces de instancia (de menor jerarquía judicial) y así violan con amenazas la autonomía e independencia de los tribunales.