(A Todo Momento) — Las siete claves para la crisis catalana en Bruselas: el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros (ministros) de su destituido gobierno comparecen mañana viernes ante la Justicia belga.
En juego está su posible entrega a España, donde son acusados de delitos derivados del proceso separatista catalán.
Piugdemont en siete claves:
7. ¿Quiénes comparecen?
El ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros (ministros regionales): Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Lluís Puig, ex responsables respectivamente de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura del ejecutivo o regional destituido por el Gobierno español de Mariano Rajoy. La declaración tendrá lugar a las 14:00 horas (13:00 GMT) a puerta cerrada.
6. ¿Quién los acusa y de qué?
La Fiscalía española acusa a todos ellos de rebelión, sedición y malversación derivados del proceso de independencia que puso en marcha el Gobierno catalán y que frenó el español. El de rebelión está penado en España con hasta 30 años de prisión. La causa en su contra está abierta en la Audiencia Nacional, a cargo de la juez Carmen Lamela, que también investiga al resto del Gobierno destituido y a los líderes de dos entidades civiles.
5. ¿Por qué están en Bruselas y qué debe decidir la Justicia belga?
En lugar de acudir a declarar ante la Audiencia Nacional, decidieron marcharse a Bruselas en un intento de buscar apoyo internacional a la causa independentista catalana, según ha reconocido posteriormente el propio Puigdemont. No lo ha logrado por el momento.
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Sí se entregaron a la Justicia belga, que debe decidir ahora si accede a cumplir la orden de detención europea remitida desde España, lo que supondría su entrega y enjuiciamiento en ese país.
4. ¿Cuáles son los plazos y los tribunales que intervienen?
La Cámara del Consejo (tribunal instructor de primera instancia) escucha mañana los argumentos de la Defensa y la Fiscalía. Después podría decidir directamente sobre la entrega de los políticos. De hacerlo, la decisión podría recurrirse ante un tribual de apelación primero y de casación (el mayor tribunal ordinario belga) después.
Otras opciones son que se tome unos días antes de dar su dictamen -lo habitual suele ser en torno a diez, señala hoy la prensa española-, y una tercera es que convoque otra vista más adelante antes de pronunciarse. Y ahí empezaría a contar el plazo para las posibles apelaciones.
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Según la Justicia europea, el país ejecutor tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la entrega, pero bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90. Pero algunos expertos apuntan la posibilidad de mayores dilaciones.
Si la decisión final ya en firme es entregar a los dirigentes catalanes destituidos por el Gobierno de España, Bélgica tiene 10 días para hacerlo.
3. ¿Puede haber influencia política?
No. La directiva de la UE sobre la orden de detenció europea lo dice claramente: “Las decisiones deben tomarlas únicamente las autoridades judiciales, sin tener en cuenta consideraciones políticas”.
Los jueces belgas pueden libremente ateniéndose a la legislación europea y belga. Los Estados de la UE acordaron en su momento reconocer mutuamente decisiones en causas penales y entregar a las personas buscadas sin poner problemas. Sólo hay excepciones en unos pocos casos.
2. ¿Cuáles son esas excepciones?
La ley incluye 32 categorías de delitos graves en las que no se exige que el motivo por el que se ordenó la detención sea considerado delito en ambos países. Si no aparece en esa lista, la entrega puede depender de que el delito también lo sea para la legislación del país ejecutor (Bélgica, en este caso). La rebelión y la sedición, dos de los delitos por los que se investiga a Puigdemont, no aparecen en la lista ni como tal en el derecho belga. Pero en la lista sí figuran el fraude y la corrupción, categorías en las que podría encuadrarse la “malversación”.
1. ¿Hay otras posibilidades?
La Justicia belga podría negarse a entregar a Puigdemont y los suyos si se constatase que debido a las “condiciones generales de detención” en España existe “un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante”.
En el pasado, los jueces belgas denegaron la entrega a España de una presunta integrante del grupo separatista armado vasco ETA. Sus abogados argumentaron que España fue condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar la Convención Europea de Derechos Humanos. Dichas condenas estaban relacionadas con las acusaciones de tortura presentadas por parte de presos de ETA.