(A Todo Momento – Venezuela al día) –. Una condena ejemplar —más que jurídica— a narcotraficantes familiares de funcionarios públicos de países de América Latina que se valgan se sus conexiones políticas para facilitar el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos, fue el argumento usado por la juez de Distrito Sur de Nueva York, Lorna Schofiel, cuando leyó la sentencia condenatoria que dictó al hijo del expresidente de Honduras, Fabio Lobo, uno de los acusados por narcotráfico que ha recibido una de las penas más severas en un país extranjero.
Por Maibort Petit/Venezuela al Día
La línea principal del discurso de la juez —cuando sentenció a Fabio Lobo— fue enviar un mensaje “con efecto disuasivo” a otras personas en posiciones de poder que quieran traficar droga a Estados Unidos.
La juez, Lorna Schofiel, hizo una advertencia a toda la élite política latinoamericana, señalando que los EE. UU. irán contra aquellos funcionarios públicos y sus familiares que decidan utilizar las estructuras de los gobiernos para enviar narcóticos a esta nación en donde la población sufre las consecuencias de ese flagelo.
Cuando la magistrada explicó a Lobo las conclusiones a las que había llegado en su caso, fue clara al señalar que el acusado era hijo del presidente de Honduras en funciones, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa. “Usted usó sus conexiones, facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una organización de narcotráfico (…), abusó de quien era usted para perpetrar este crimen”, acotó.
Fabio Lobo fue acusado por el gobierno norteamericano de conspirar para traficar drogas a los Estados Unidos. Fue arrestado el 20 de mayo de 2015 en Haití y trasladado a Nueva York para ser procesado. En mayo de 2016 se declaró culpable de los delitos imputados y en 7 de septiembre de 2017 fue condenado a 24 años de cárcel y a 5 años de probatoria.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó a la corte un mínimo de 30 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.
La antesala para la condena de los narcosobrinos
El caso de Fabio Lobo y el de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se asemejan en algunos elementos. En ambas operaciones actuaron los informantes, José Santos Peña (“El mexicano”, el “Senior” o el “Mayor”) y su hijo, José Peña (el “Junior”). Los escenarios son similares, pues estos CSs formaban parte del cartel de Sinaloa y lograron que los acusados viajaran a Haití para arrestarlos. Pero quizás lo más significativos en ambos casos, es que los indiciados hicieron uso de sus conexiones políticas y de la estructura del gobierno para cometer el delito.
Del mismo modo, se destaca que en los dos procesos actuó el fiscal adjunto en Nueva York, Emil Bove III. En los informes de los casos Lobo y Campo-Flores, presentados a la corte por la fiscalía, se presentan una serie de elementos de gran similitud que permiten avizorar que las sentencias de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana podrían ser más severas, inclusive más que la de Lobo, puesto que los cargos y las directrices aplicadas al caso de los sobrinos presidenciales, supera con creces las del hijo del expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.
Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína. Fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015, trasladados a Nueva York y procesados por sus delitos. Contrario a Fabio Lobo, quien se declaró culpable, los sobrinos del presidente Nicolás Maduro decidieron ir a un juicio y el 18 de noviembre de 2016 un jurado —unánimemente— los declaró culpables de haber cometido los delitos por los cuales fueron juzgados. Hasta el cierre de esta nota, se da por sentado que Flores y Campo serán condenados el 12 y 13 de septiembre de 2017. La defensa pidió una nueva prórroga el pasado jueves 6 de septiembre alegando que la solicitud de cadena perpetua solicitada por la fiscalía para los dos sujetos era injusta y requerían tiempo para discutir con la corte las directrices que el juez Paul Crotty considerará para fijar la sentencia. El juez no ha respondido.
Las directrices de la sentencia de los sobrinos
Vale destacar que el fiscal adjunto Bove III manejó en caso de Fabio Lobo, las mismas directrices que se argumentaron en el informe de conclusiones entregado a la Corte antes de la sentencia de los dos familiares del presidente venezolano. De acuerdo al documento entregado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Campo Flores y Flores de Freitas merecen una sentencia de cadena perpetua porque ambos acusados utilizaron sus conexiones políticas y quienes eran, para cometer el delito.
Las mejoras para fijar la referida sentencia, según el criterio de la fiscalía, serían:
1) Tráfico de cocaína superior a los 450 kilogramos.
2) Los acusados estaban directamente envueltos con la sustancia controlada.
3) Uso de un avión privado para el traslado de la droga.
4) Obstrucción a la justicia por parte de los acusados, atentando o impidiendo que la administración de justicia realizara la investigación correspondiente.
5) Líderes de la conspiración que organizó la actividad criminal, para lo cual la regla establece que debe haber 5 o más participantes.
6) Uso de armas de fuego en la conspiración.
7) El uso de la violencia en conexión con el delito juzgado.
8) Pago de sobornos a autoridades extranjeras encargadas de la seguridad.
9) Asesinato o muertes
10) Perjurio
Los alegatos de la fiscalía combinados permiten que el cálculo de la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana sea un máximo de cadena perpetua. La descripción de las llamadas mejoras es tan preocupante que los dos escritorios jurídicos de la defensa enviaron una carta rogando al juez que no proceda con la lectura de la sentencia en los días establecidos, sino que permita que se produzca una reunión para discutir las directrices expuestas por el gobierno y que, sin duda alguna, llevarían a una condena extremadamente severa.
De hecho, los abogados alegaron en la comunicación fechada el 6 de septiembre de 2017, que de producirse una sentencia de cadena perpetua contra Campo Flores y Flores de Freitas por un delito de conspiración para traficar drogas a los EEUU, en el cual los acusados no tienen delitos criminales, y donde no hubo incautación de drogas, sería la primera vez —según su conocimiento— que en el Distrito Sur de Nueva York se tomaría una decisión de esta naturaleza, la cual se adelantaron a calificar de injusta.
Continuando con la comparación de los casos planteados, el informe de Lobo se señalan los siguientes elementos:
1) Tráfico de cocaína superior a los 450 kilogramos.
2) El acusado estaba directamente envuelto con la sustancia controlada.
3) Gerente o administrador en la actividad criminal por la cual fue juzgado
4) Pago de sobornos a autoridades extranjeras encargadas de la seguridad.
5) Uso de armas de fuego en la conspiración.
Lobo usó las conexiones políticas de su padre para traficar droga
El fiscal de Distrito Sur de Nueva York, Joo H. Kim, expresó la línea que sigue la justicia norteamericana contra los narcotraficantes que utilizan sus conexiones políticas y la estructura del Estado para traficar drogas a los Estados Unidos. Aclaró que los Estados Unidos aplicarán todo el peso de la ley a quienes violen las reglas antinarcóticos y sean capaces de utilizar sus posiciones políticas o las de sus familiares para cometer delitos de narcotráfico en los EEUU.
Kim emitió un comunicado en ocasión de la condena del hijo del mandatario hondureño, en el cual destacó que “Por su propia admisión, Fabio Lobo conspiró para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Para ayudar a los traficantes y enriquecerse, Lobo utilizó la posición de su padre y sus propias conexiones para reunir a los traficantes de drogas, policías corruptos y funcionarios gubernamentales. Ahora, Fabio Lobo ha sido condenado a la pena de prisión que sus crímenes merecen”.
El fiscal neoyorquino recordó que la Acusación del Gran Jurado, otros documentos presentados en la corte, las pruebas mostradas durante una audiencia de sentencia celebrada los días 6 y 16 de marzo de 2017, y las declaraciones hechas durante otros procedimientos judiciales, confirmaban lo siguiente:
1) Antes y mientras el padre de Fabio Lobo era presidente de Honduras, utilizó la reputación y la red política de su padre para establecer conexiones corruptas entre narcotraficantes hondureños de gran escala e individuos dentro del gobierno de Honduras, incluyendo funcionarios de alto nivel como congresistas hondureños, agentes de aduanas, militares y el personal de aplicación de la ley. Al manejar la seguridad y lo que Lobo describió durante una reunión registrada como “logística” para estos delincuentes, el hoy sentenciado facilitó y participó en el extenso tráfico de cocaína con el fuerte apoyo de múltiples elementos del gobierno de su país.
2) La participación de Lobo en el tráfico de drogas comenzó en 2009, el mismo año en el su padre se postulaba para el cargo de presidente de Honduras. Porfirio Lobo Sosa (padre del acusado) comenzó a recibir sobornos de miembros de una organización de tráfico de drogas conocida como los “Cachiros”, cartel que se valía de conexiones con políticos, personal militar y fuerzas de seguridad, para transportar cocaína adentro y fuera de Honduras. Los líderes de los “Cachiros” pagaron al expresidente, Porfirio Lobo, más de 500 mil dólares a cambio de, entre otras cosas, la protección política de las investigaciones policiales, la prevención de la extradición a los Estados Unidos y las adjudicaciones de contratos de agencias gubernamentales hondureñas a empresas de lavado de dinero controladas por los “Cachiros”.
3) Lobo fue presentado a los “Cachiros” inicialmente como un individuo que estaba dispuesto a facilitar la adjudicación de contratos del gobierno hondureño a las compañías fachadas de los “Cachiros”, las cuales fueron usadas para aumentar la apariencia de su legitimidad y para lavar el dinero producto de la venta de drogas. Lobo pronto comenzó a proteger y apoyar a los “Cachiros” actuando como un conducto con los funcionarios hondureños capaces de prevenir la interferencia con sus operaciones de narcotráfico. Entre cinco y ocho veces, los “Cachiros” proporcionaron a Lobo un aviso anticipado de las cargas de drogas entrantes para que el convicto estuviera disponible en caso de cualquier interferencia con los envíos.
4) En 2012, Lobo participó más directamente en el violento tráfico de drogas de los “Cachiros”. Lobo propuso a los “Cachiros” que recibieran aviones cargados de cocaína en lugares del Departamento Olancho de Honduras, y él personalmente ayudó a escoltar dos cargas de drogas con una cantidad agregada de aproximadamente 1,4 toneladas métricas de cocaína. En relación con el transporte de esos cargamentos de cocaína, Lobo trajo a miembros del ejército hondureño, que estaban armados con una ametralladora AR-15 y pistolas, para seguridad, y maniobró personalmente con uno de los líderes de los “Cachiros” para que pudiera hacer llamadas a funcionarios hondureños en caso de cualquier interferencia de la ley. Por su participación, Lobo recibió, entre otras cosas, aproximadamente 70 mil dólares en efectivo, un vehículo blindado y una ametralladora AR-15.
5) Lobo también ayudó a otros traficantes de drogas diferentes a los “Cachiros”. Aproximadamente en 2012, el convicto por la justicia estadounidense ayudó a una empresa marítima de narcotráfico en Puerto Cortés, un gran puerto comercial en la costa norte de Honduras cerca de la frontera con Guatemala, en la que participó Fredy Renan Najera Montoya, un funcionario aduanero hondureño, miembro del cartel mexicano de Sinaloa, Carlos Lobo (otro narcotraficante hondureño que no está relacionado con Lobo), y otros. Lobo obtuvo aproximadamente 50 mil dólares por participar en reuniones destinadas a concretar los envíos de droga y usó sus influencias políticas para proteger y ayudar a Carlos Lobo a tratar de recuperar los bienes incautados a cambio de aproximadamente 100 mil dólares
6) Comenzando en o alrededor de 2013, la Administración de Control de Drogas (DEA), logró grabar en audio algunas de las actividades de tráfico de drogas de Lobo después de que los líderes de los “Cachiros” comenzaron a proporcionar secretamente información y asistencia al gobierno de los Estados Unidos. A raíz de las sanciones financieras públicas y las incautaciones de bienes destinados a los “Cachiros” en septiembre de 2013, Lobo intervino para, en nombre de los “Cachiros”, el recibir la protección y el transporte de una carga de toneladas de cocaína para los supuestos representantes del presunto jefe mexicano, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Por esto, esperaba ganar millones de dólares por un envío de aproximadamente 3.000 kilogramos de cocaína, Lobo se reunió con fuentes confidenciales que actuaban bajo la dirección de la DEA, acordó brindar apoyo militar y “logístico” a estos presuntos narcotraficantes y facilitó la introducción de, al menos, dos oficiales militares hondureños. Lobo también presentó a los funcionarios de la policía hondureña que aceptaron participar en la transacción de cocaína proporcionando apoyo logístico y de seguridad para el transporte de la cocaína a través de Honduras.
7) En junio de 2014, Lobo, los informantes de la DEA y seis de los acusados de la Policía Nacional de Honduras, participaron en una reunión registrada en Honduras. Durante el encuentro, los demandados de la PNH pusieron un mapa de Honduras sobre una mesa y describieron a Lobo y a los informantes, la presencia de la fuerza pública hondureña a lo largo de posibles rutas de envío de la cocaína. A cambio de su ayuda, los demandados de la Policía Nacional de Honduras solicitaron nuevos teléfonos para comunicaciones, vehículos para usar en sus actividades, un monto de 200 mil dólares para sobornar a otros funcionarios y coimas por 100 mil dólares por persona para ellos mismos. Más tarde, en 2015, en llamadas y correos electrónicos consensualmente registrados entre Lobo y uno de los “Cachiros”, el primero acordó viajar a Haití con el propósito de recibir el pago de los ingresos de la transacción de cocaína con los informantes. Esto ocurrió en mayo de 2015, momento en el cual fue arrestado.
Asimismo, siete de los demandados de la Policía Nacional de Honduras, entre ellos, Mario Guillermo Mejía Vargas, Carlos José Zavala y Víctor Oswaldo López Flores, fueron posteriormente acusados por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York por uso de armas de fuego y delitos de tráfico de drogas. El 11 de julio de 2016, Vargas, Velásquez y Flores renunciaron a la extradición en Honduras y se entregaron voluntariamente en Manhattan, donde se declararon culpables en un tribunal federal por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y en la actualidad aguardan la sentencia que dictará la juez, Lorna Schofiel.
Defensa hizo todo lo posible por disminuir la pena
El abogado de Fabio Lobo, Manuel Retureta, hizo todo lo posible por rebajar la condena de su cliente. En varias oportunidades logró prorrogar la sentencia, pero todos los argumentos expuestos frente a la jueza Schofield fueron desestimados, incluyendo el utilizado el 31 de julio de 2017, fecha en que la juez pretendía dictar condena al hijo del expresidente hondureño. En esa sesión Retureta puso en duda la fiabilidad de las operaciones de la DEA y las declaraciones de los testigos con el objetivo que la magistrada modificara los cargos contra su cliente.