(A Todo Momento – Venezuela al Día) — Soportándose en facturas falsas que alegaban servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela, esta empresa envió millones de dólares a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment & Export Co., una empresa ubicada en el Doral, Florida. El nombre del hermano del entonces presidente de PDVSA, Fidel Ramírez Carreño, figura entre los beneficiarios de estas operaciones fraudulentas.
Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el país —y que aún no ha sido superada—, salió a relucir en un escándalo de lavado de dinero que está siendo deliberado en un tribunal de Nueva York. KCT Cumaná II Internacional (denominada en la acusación federal como el “consorcio venezolano”) envió millones de dólares a una empresa de venta de materiales de construcción de Miami, para que ésta a su vez los transfiriera a cuentas privadas de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela.
KCT, propiedad de Blas Herrera; es el consorcio venezolano señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el cual están siendo juzgados los dos dueños de la empresa usada en los Estados Unidos para hacer las transferencias ilegales; Luis Díaz y Luis Javier Díaz; acusados por el gobierno estadounidense de operar un banco sin licencia y de haber blanqueado al menos unos 100 millones de dólares; haciendo un daño enorme al sistema financiero norteamericano.
En Venezuela, el consorcio KCT saltó a la luz pública por haberse beneficiado de varios contratos con sobreprecio otorgados por Bariven (filial de compras nacionales e internacionales de PDVSA); cuando la presidencia de la estatal petrolera estaba en manos de Rafael Ramírez Carreño, actualmente embajador de Venezuela en la ONU.
KCT Venezuela habría enviado millones de dólares a través de Miami Equipment & Export Co., soportados en facturas falsas que alegaban servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela; entre quienes destaca el hermano del entonces presidente de PDVSA, Fidel Ramírez Carreño; un médico que ha ocupado varios cargos en la administración del fallecido Hugo Chávez, así como del actual mandatario, Nicolás Maduro.
En el caso también salió a relucir en nombre del asesor de quien fuera Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jesse Chacón; Enrique Rafael Cid Moros, quien adquirió un apartamento con dinero proveniente del consorcio KCT.
Las evidencias del gobierno
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a la corte una solicitud para probar que las personas que recibieron fondos de los acusados de lavar más de 100 millones de dólares a través de la empresa Miami Equipment & Export Co.; son empleados actuales o anteriores del gobierno venezolano; o están estrechamente vinculados con las agencias gubernamentales de Venezuela.
El fiscal de Nueva York, Joon H. Kim, argumenta en un documento entregado al tribunal; que su despacho presentará en el juicio por lavado de dinero que se le sigue a Luis Díaz y Luis Javier Díaz; una serie de hechos que tienen una relevancia sustancial para el caso y que se ofrecerán únicamente para los fines permisibles de establecer el motivo y posibles daños derivados de los delitos imputados; así como para refutar los argumentos anticipados de defensa anticipados.
Kim sostiene que el juicio se centrará en alegaciones de que los acusados utilizaron cuentas bancarias bajo su control para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
— La evidencia establecerá que los demandados recibían rutinariamente transferencias electrónicas de empresas con sede en Latinoamérica, incluido un gran consorcio de empresas constructoras venezolanas conocido como KCT; antes de remitir esos pagos a terceros (los “beneficiarios”) en todo el mundo.
Señala la fiscalía que para enmascarar la función de la empresa KCT, que se identifica en la demanda como la “Compañía venezolana”; y los beneficiarios de las transacciones que KCT realizó, como los demandados; crearon facturas falsas que pretenden reflejar “servicios de consultoría” o “servicios profesionales” que los beneficiarios habían proporcionado a los demandados; justificando así los fondos que los acusados enviaban a los beneficiarios bajo la dirección de KCT.
Vía Venezuela Al Día
Por Maibort Petit