(A Todo Momento) — La decisión del Gobierno de España de conceder un permiso extraordinario de residencia por razones humanitarias de un año a los venezolanos, –incluidos los llegados desde enero de 2014 a los que se hubiera denegado el asilo–, unido a la imparable llegada de más y más ciudadanos de esa nacionalidad, está desbordando el sistema de acogida para solicitantes de protección internacional.
Varias decenas de ellos, unidos también a peticionarios sirios o salvadoreños, se concentraron esta semana frente al Ministerio de Trabajo para reclamar a la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige Consuelo Rumí la prestación de un alojamiento provisional, uno de los derechos que se reconocen a los acogidos en España, que también pueden ser beneficiarios de ayudas económicas para necesidades básicas, apoyo legal y psicológico o intervención social.
En vista de la situación, 50 de los manifestantes registraron quejas, que según explicaron fuentes de Trabajo a este diario, van a «estudiarse caso por caso» para buscar una eventual solución.
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Se da la circunstancia de que, según las mismas fuentes, el número de plazas de primera acogida incorporadas al sistema nacional es de 8.950, en las que se atendió a 13.214 personas en el primer trimestre. De acuerdo con los cálculos de las ONG, no obstante, unas 4.000 más están en espera. Y la realidad es que el éxodo venezolano con destino a nuestro país va a más.
Con la particularidad de que las personas presentan cada vez perfiles de mayor vulnerabilidad o lo que es lo mismo, carencias económicas que les hacen imposible subsistir por sus propios medios, lo que hace prever que en adelante el requerimiento de primeros alojamientos de urgencia para esta población se agravará. De momento, ya hay familias enteras que están siendo recibidas a título caritativo en lugares como la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, al igual que aumentan los casos de recién llegados que pasan las primeras noches en el aeropuerto.
La saturación del dispositivo de alojamientos provisionales para atender a demandantes de protección no solo obedecería a la afluencia de venezolanos, sino también al hecho de que otros solicitantesvienen rechazados de países de la UE que les han devuelto a España para que reclamen aquí el amparo en función del reglamento de Dublín, que establece que todo inmigrante o refugiado debe iniciar los trámites en aquél estado de la Unión donde pone el primer pie.
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Este sistema penaliza especialmente a los estados del sur como el nuestro, Italia o Grecia, y los Veintiocho están tratando de reformarlo hace más de un año, aunque sin éxito, debido fundamentalmente a la cerrazón de los miembros del llamado Grupo de Visegrado, –Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia– que se niegan a asumir responsabilidades en este ámbito.
Los primeros desde 2016
CEAR, una de las organizaciones que se ocupan de gestionar el programa de integración y acogida, indicó a finales de junio coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas que en 2018, 19.280 de las 54.065 peticiones de protección Internacional registradas en España fueron venezolanos. En contraste, y esta vez remitiendo a datos del Ministerio del Interior, en lo que va de este año se había concedido de forma efectiva la estancia legal con arreglo a la fórmula de las razones humanitarias sólo a 3.323 ciudadanos de Venezuela, lo que hace pensar en que una excesiva burocracia está dificultando la obtención de ese estatus, muy ambiciado porque además da derecho a trabajar.
España es el país de la UE donde más venezolanos solicitan protección y desde 2016 constituyen el primer grupo por nacionalidades que lo demandan, por delante de colombianos, sirios y hondureños. Al margen de la vía de acogida extraordinaria, el año pasado 30 de ellos fueron reconocidos como refugiados y ninguno como beneficiario de la llamada protección subsidiaria, que otorga derechos durante cinco años. Por el contrario, se denegaron 1.495 peticiones.