(Redacción A Todo Momento) “Estoy en total desamparo, no puedo comprar comida porque no me reconocen mi identidad. Por eso siempre debo ir a los bachaqueros”, es el testimonio de América Hernández, quien nació siendo un hombre el 16 de marzo de 1983 bajo el nombre de Martín Hernández.
Pese a que hace las acostumbradas colas para adquirir alimentos regulados, todo se queda en ganas, pues al intentar comprarlos en los supermercados aseguran que no es la misma persona que está en la cédula de identidad, aunque la captahuellas confirme que efectivamente, el nombre legal de esa mujer es Martín.
El caso de esta transgénero de 33 años no es el único en el país; José Manuel Simons, abogado de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, refiere que han conocido diversas denuncias de personas a las que les niegan venderles comida y productos básicos porque no se les reconoce su identidad autopercibida, alegando que no son los que aparecen en la cédula.
“Ha sido otro de los miles de problemas que tienen que pasar los transgéneros y transexuales por la falta de reconocimiento legal de su identidad. Cada vez son más problemas y menos soluciones. Es triste e indigno”, agrega Simons.
Exclusión y violencia
El coordinador político del Movimiento ProInclusión de Voluntad Popular, Edgar Baptista, advierte que desde que comenzó la institucionalización de las colas en Venezuela se han presentado estos casos de exclusión, algunos de ellos con cierto grado de violencia.
La situación la vivió en carne propia la diputada a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Tamara Adrián, a quien le negaron comprar alimentos en un supermercado de Caracas por ese motivo.
“La crisis económica y escasez nos afecta a todos los venezolanos, pero en el caso de las personas transgéneros el drama se multiplica, debido a la exclusión legal y social de las que son víctimas”, explica la parlamentaria.
Desde la otra acera, Aura quien se desempeña de lunes a viernes como cajera en un supermercado ubicado en el municipio Chacao, asegura que la exclusión no es un acto deliberado de maldad contra estas personas. “Desde que pusieron las captahuellas uno ve de todo. El otro día llegó un hombre vestido de mujer y quiso comprar. Su huella estaba bien, pero a mí no me consta su verdadera identidad. Le pregunté a mi jefe y me dijo que no le podía vender porque podía ser mentira para `bachaquear`. Yo solo cumplo órdenes”, asegura.
Clap intolerantes
“La medida gubernamental para distribuir alimentos conocidos como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), tampoco escapan de esta realidad; hecho que pueden confirmar Juan Núñez y Mario Guanchez, una pareja homosexual que desde hace dos años vive en un apartamento “prestado” por un familiar en la avenida 10 de Diciembre de Maracay, estado Aragua.
Ellos no pudieron ser censados el 4 de junio por los encargados del Clap de la zona porque no fueron considerados como una familia. “Vino un señor del Consejo Comunal tocando la puerta y haciendo varias preguntas. Le dijimos que solo vivíamos en la casa nosotros dos como pareja y dijo que no nos podía anotar para la venta de las bolsas de comida porque no somos una familia”, relatan, mientras enfatizan que la única condición para ser incluidos era “la inclusión de una mujer” como parte de los residentes de esa casa.
El caso no sorprende a Mauricio Gutiérrez, secretario nacional de Asuntos Lgbti del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), quien asegura tener conocimiento de que el acceso a la bolsa es limitado a quienes los consejos comunales o el coordinador de la entrega desean beneficiar.
“Las parejas del mismo sexo no son reconocidas para absolutamente nada que tenga que ver con las políticas públicas. Las parejas del mismo sexo, las personas homosexuales, bisexuales o trans no existen en el marco normativo nacional y por tal motivo no somos beneficiarios de ningún programa, política o misión social”, reconoce.
Con información de Orbita Gay