(A Todo Momento) — Para no morir a manos de las pandillas o de los funcionarios policiales “cómplices” de asesinatos, la comunidad LGBTI de El Salvador se ve forzada a huir, según denuncias de activistas. EFE
Así lo aseguraron Bianka Rodríguez y Roberto Zapata, activistas por los derechos humanos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual de El Salvador, donde más de 600 asesinatos de odio permanecen en la impunidad.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Las tasas de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registradas entre 2015 y 2018 dan cuenta de esta realidad.
Según diversas organizaciones sociales, esta violencia homicida es también uno de los factores que generan el desplazamiento forzado, en cuyo flujo se encuentran miembros de la comunidad LGBTI.
Datos de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), que dirige Rodríguez, señalan que entre 2018 y lo que va de 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento.
Las principales víctimas son las mujeres trans con el 67,5 % de los casos y le siguen los hombres gays con el 17,2 %.
Los responsables de este fenómeno son mayoritariamente las pandillas y las fuerzas estatales, siendo el intento de homicidio, las amenazas y las lesiones los hechos que desencadenan el desplazamiento.
A esto se suma la impunidad predominante en los más de 600 asesinatos de personas LGBTI registrados desde 1993 y en los que pandilleros, policías y militares son los principales implicados.
“Las personas trans son perseguidas por los cuerpos de seguridad para ejercer violencia física y violencia sexual. Eso conlleva que el Estado sea cómplice de esa violencia“, subrayó Rodríguez.
Además, añadió que las mujeres trans también son víctimas de trata por parte de las “maras“, que las obligan a cometer ilícitos o pagar una “cuota sexual“, que implica “sostener relaciones sexuales sin ningún método” de protección y “sin ninguna remuneración“.
“Estamos en un callejón sin salida“, lamentó la activista trans, y añadió que las víctimas “tienen que huir del país en búsqueda del reconocimiento a sus derechos” y para no ser “una estadística más” de la violencia homicida.
La violencia y la impunidad no son las únicas lacras que socavan los derechos de la comunidad LGBTI salvadoreña, dado que la discriminación que sufren les lleva a vivir en una situación económica precaria.
Según Roberto Zapata, secretario general de la Asociación Amate, las personas LGBTI enfrentan “distintas barreras a la hora de pasar un proceso de selección para obtener un empleo“, dado que “existe bastante prejuicio“.
Los datos que maneja su organización dan cuenta de que dos terceras partes de las mujeres trans “están en alguna forma de exclusión laboral“, por lo que muchas “están ejerciendo trabajo sexual como única forma de subsistencia“.
Esta situación, asegura, ha llevado a parte de esta población a vivir bajo el umbral de la pobreza.
Por otra parte, quienes logran un empleo formal deben decidir entre ocultar que pertenecen a la población LGBTI para evitar el acoso o enfrentar el escarnio y el bloqueo de “ascensos o aumentos salariales“.
“Cuando confluyen las condiciones materiales y económicas con todo el estigma social que hay por nuestra orientación e identidad de género se ven otros fenómenos, como el desplazamiento forzado“, sostuvo.
Rodríguez y Zapata concuerdan en que el derecho a la vida, empleo y seguridad social no son los únicos que les niega el Estado, a estos se suma la falta de una legislación de identidad de género.
Las Asamblea Legislativa salvadoreña recibió en marzo de 2018 una iniciativa de Ley de Identidad de Género de diversas organizaciones sociales, que solo fue respalda por el entonces gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“El debate ha ido a paso lento“, detalló Zapata.
La única discusión de su contenido que se conoce públicamente se dio el pasado 13 de mayo, según el sitio en internet del órgano Legislativo, más de un año después de su presentación.
De acuerdo con Rodríguez, varios de los diputados de la Comisión de la Mujer y de la Igualdad de Género desconocían el contenido de la iniciativa y creían que buscaba legalizar el matrimonio igualitario.
“Este anteproyecto no vendría a reconocer el acceso al matrimonio igualitario“, sino el derecho de un “cambio de nombre” acorde a la “identidad percibida y autoasumida“, puntualizó.
Ambos defensores de derechos humanos también urgen la creación de una normativa contra la discriminación desde el Congreso, dado que solo el órgano Ejecutivo ha promovido este tipo de iniciativas en años anteriores con un “pequeño alcance“.
Las organizaciones de la diversidad sexual vieron con recelo la llegada del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al Ejecutivo el 1 de junio pasado, por lo que durante la marcha del Día internacional del Orgullo LGBTI le manifestaron su intención de no dar “ni un paso atrás” en los avances alcanzados.
Una de las primeras acciones de Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), fue eliminar la Secretaría de Inclusión Social (SIS).
Según Rodríguez, con esta acción “se desbarató todo el sistema que promovía la esfera de la inclusión” desde el Ejecutivo, con lo que confirmaron sus temores de “retroceso“.
La activista también criticó que las atribuciones de combatir la discriminación fueron asignadas al Ministerio de Cultura.
“No pedimos derechos especiales“, recalcó Rodríguez, quien señaló que su única aspiración es una vida “libre de violencia, libre de estigma, libre de discriminación“.
EFE