Representantes de 11 ONG defensoras de derechos humanos, víctimas y familiares de estudiantes agredidos y de presos rechazaron los señalamientos del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que los involucra en planes desestabilizadores. “Pretenden criminalizar el trabajo de los derechos humanos para así intimidarnos y obligarnos a dejar los casos, pero no lo haremos. Acudiremos a la CIDH para solicitar protección, Anmistía Internacional, la alta comisionada de derechos humanos, Comisión de Torturas, Relatoría Internacional de Abogados y Jueces para denunciar a agresores y violadores de derechos humanos”, afirmó el coordinador del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, en una rueda de prensa, efectuada en el salón Monseñor Arnulfo Arias, en la parroquia de la UCV.
El Foro Penal, Provea, el Observatorio de Prisiones, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y organizaciones sindicales como Fades señalan que el titular del MRIJP solo evade su responsabilidad en la violación de los derechos humanos.
Romero no entiende cómo se acusa a grupos sociales pero no se enjuicia a quienes comenten crimenes de lesa humanidad. “La Fiscalía General informó a la mamá de Geraldin Moreno que fueron imputadas dos personas, pero en los casos de Juan Manuel Carrasco y otras 10 que fueron agredidos por organismos de seguridad del Estado los responsables están libres. A Nelson Piñate, de 24 años de edad, quien no tiene antecedentes se le envia a la cárcel de Yare, mientras que la funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana que desfiguró el rostro a una mujer está ‘bajo custodia’ del comando. La diferencia es que se ataca a quienes solo pedimos justicia”, lamentó.
El Foro Penal condenó que Gonzalo Himiob y Tamara Suju sean calificados por Rodríguez Torres de golpistas, pues eso puede incitar a que sean agredidos en las calles por grupos radicales. “Instamos a los funcionarios a que no sigan el abismo de atacar los derechos humanos porque eso demuestra que quieren opacar los crímenes del Estado, como torturas con descargas eléctricas, fracturas de cráneo con bloques, abusos sexuales. Ya registramos 80 casos de tortura, así como agresiones a activistas de derechos y la privación de libertad como pasó con Marcelo Crovato, quien asistía a un cliente en un allanamiento”.
Al ser consultado sobre qué harán para enfrentar las denuncias del gobierno, indicó que las ONG permanecerán unidas. “Si agreden a una, agreden a todas”, sería el lema, y acudirán a instancias internacionales. “Hay miedo, temor, pero con cada agresión se multiplica las sanciones a quien la cometa”, advirtió Romero.
Paramilitares en acción. El coordinador de Provea, Marino Alvarado, reveló que en 37% de las protestas han detectado la presencia de paramilitares, identificados con el gobierno. “Rechazamos que el gobierno aliente a civiles armados a reprimir las protestas; esa labor no les corresponde a civiles. Los paramilitares solo han causado muertes y heridos”, expresó Alvarado, quien señaló que desde febrero aumentó la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, y ahora se detectan ataques a activistas de derechos.
Provea cuestionó que el gobierno pretenda controlar la comisión de derechos humanos: “Una instancia como esa, así como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, no puede recibir órdenes de la Presidencia de la República”.
Alvarado dijo que el MRIJP no intimidará a defensores de derechos humanos: “Por más que nos ataquen nos mantendremos firmes y atenderemos a las víctimas, a los más pobres, los más vulnerables”.
Las Cifras
80 de las 500 denuncias de tortura presentadas por el Foro Penal han sido sustanciadas. Los afectados temen una querella con el Estado.
2.590 personas agredidas entre febrero y mayo, de los cuales 70% son estudiantes. 131 están privados de libertad en cárceles Rodeo y Uribana. 60% tienen medidas cautelares con prohibición de salida del país.