Tres personas murieron y varias resultaron heridas durante un motín de los internos que comenzó con la introducción de una granada en la cárcel Uribana, en el oeste de Venezuela, y donde ya hubo 58 muertos en enero del año pasado.
El domingo “tres custodios de nuestro ministerio fueron sometidos, secuestrados y despojados de sus armas de reglamento por un grupo de (…) 20 internos quienes exhibieron un explosivo tipo granada con el cual perpetraron tal acción”, indicó hoy en un comunicado el Ministerio de Servicios Penitenciario.
Según el ministerio, “los internos de forma violenta detonaron una granada” hiriendo a siete funcionarios, por lo que se desplegó un dispositivo de la Guardia Nacional (policía militarizada) para controlar la situación.
Las autoridades determinaron que fue una de las visitantes que “ingresó al establecimiento con una granada” oculta en sus partes íntimas quien originó la situación.
Los cuerpos de investigación policial (Cicpc) y la Fiscalía “adelantan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de los hechos”, indicó.
Asimismo informó que un total de 29 personas, entre las cuales se encuentran 26 presos y tres visitantes; de ellos, dos hombres y una mujer, fueron puestos a orden de las autoridades que llevan la investigación.
La cárcel de la región Centro David Viloria, más conocida como Uribana, es una de las “tres cárceles más violentas” de Venezuela, según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Un motín durante una requisa en enero del año 2013 en el mismo centro penitenciario causó al menos 58 muertos y 90 heridos.
En julio de 2011, el entonces presidente, Hugo Chávez, creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario justo después de la crisis más larga y masiva del sistema carcelario en Venezuela en la prisión de El Rodeo II, cercano a Caracas, que durante casi un mes fue tomada por un millar de presos que resistieron un cerco militar.
Según el OVP, en 2013 murieron 506 presos en las cárceles de Venezuela, lo que significó una disminución del 14 % con respecto a 2012, en un sistema penitenciario que tiene alrededor de 53.000 reclusos pese a que su capacidad es para 16.000.