Desde el 12 de febrero se han producido un total de 3202 detenciones registradas por el Foro Penal Venezolano, a raíz de la profunda crisis política y económica en Venezuela, que volcó, tras el llamado de varios líderes opositores (María Corina Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López) a miles de venezolanos a las calles.
Sumado a dicha estadística, están los más de 40 fallecidos asociados a las protestas y la alarma tanto nacional como internacional por la sistemática política de represión y persecución a la disidencia.
El gobierno de Nicolás Maduro alega al terrorismo, el radicalismo de derecha y el origen de la violencia en las protestas para cercarlas hasta el punto en el que incluso se prohibió la protesta pacífica: “sin el previo aval por parte de la respectiva autoridad competente para ello”. La sentencia, promulgada por el Tribunal Supremo de Justicia el 24 de abril, dio autorización a los cuerpos policiales para que las dispersen.
A raíz de dicha coyuntura las detenciones indiscriminadas se dispararon resultando, según cifras expuestas en la página web del Foro Penal Venezolano, un total de 1993 ciudadanos en condición de libertad con medida cautelar y régimen de presentación.
Los estados con más afectados son:
– Miranda con 847.
– Carabobo con 227.
– Zulia con 252.
De esta cifra, aquellos ciudadanos sobre los cuales pesa la medida y se dedican a la vida estudiantil son 1603 personas.
Tal es el caso de Carlos Trejo, estudiante del Iutirla, Relaciones Industriales. Trejo es oriundo de Valera y por el riesgo a ser apresado manifestó que no ha podido viajar a ver a su familia, a su madre que sufre de cáncer y está hospitalizada. El estudiante, en su caso particular, debe presentarse los 15 de cada mes, a partir de su detención sucedida en la Plaza Alfredo Sadel, Caracas. Su caso es llevado por el Foro Penal Venezolano y expresa que, al igual que lo sucedido con el líder juvenil Ronny Navarro, sospecha que podría dictarse una orden de captura en su contra “sin justificación alguna”. Su medida cautelar es de ocho meses, tras los cuales se definirá su absolución o acusación.
La abogada Elenis Rodríguez es directora de Fundeci (Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana). En entrevista concedida a Atodomomento expresó que considera que hubo masivas detenciones arbitrarias de estudiantes pacíficos que manifestaban y “cuando infiltrados originaban focos de violencia, las fuerzas de seguridad dispersaban y detenían a todo el que estuviera en la zona”.
Explica que la medida equivale jurídicamente a estar preso y exhorta al Ministerio Público a dictaminar automáticamente si los estudiantes con medida cautelar serán absueltos o no. “Para nadie es secreto que hay una persecución política contra los líderes estudiantiles que han llevado una aguerrida lucha, que han sido fichados. Las medidas han sido arbitrarias”, concluyó.