(A Todo Momento) — A un mes de la masacre de El Junquito integrantes del Frente Institucional Militar (FIM) y miembros en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional exigen información pertinente a las acciones desarrolladas para esclarecer el episodio en el que perdió la vida el Ex Inspector del CICPC, Oscar Pérez .
Frente Institucional Militar expresa su rechazo
Aquí el comunicado.
A UN MES DE LA MASACRE DE EL JUNQUITO
Nosotros, los abajo firmantes, militares integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), respondiendo a los valores y principios que nos guían tanto como ciudadanos como miembros en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la opinión pública, a los miembros activos de la institución armada y a las instancias judiciales del país, en ocasión de solicitar la información pertinente a las acciones desarrolladas para esclarecer el escabroso episodio en el que perdieron la vida el Comisario Oscar Pérez y seis ciudadanos que lo acompañaban, del que se cumplió un mes de sucedido sin que hasta ahora haya habido información a la ciudadanía de la respectiva decisión judicial, cuando por tratarse de un presunto delito de acción pública la autoridad competente debió proceder de oficio.
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Es conocido, gracias a diversos videos y conversaciones difundidos el día de los hechos, que las victimas conformaban un grupo armado y rebelde en oposición al régimen, que al verse descubierto y rodeado por fuerzas oficiales con amplia mayoría numérica, optaron por la rendición y se vio cuando parlamentaban con el oficial de la Guardia Nacional que supuestamente comandaba la operación para entregarse sin enfrentamiento, lo que queda reforzado ya que en atención a la formación de que habían sido objeto, a su experticia en el uso del armamento del que disponían, a las características de éste y a la poca distancia que los separaban, pudieron haber disparado y dado de baja a dicho oficial y a los efectivos que le acompañaban.
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Sin embargo a pesar de una superioridad numérica que de acuerdo a la información y a lo que se difundió en esos videos era de 50 a 1, a la superioridad de equipos gracias a la disponibilidad de lanza cohetes, por lo menos un carro de combate provisto de un cañón de 30 mm, cobertura total del espacio radioeléctrico y diferentes armas de diversos calibres contra solo siete fusiles individuales, se desconoció la rendición incondicional de los insurrectos y se les atacó con todos los medios disponibles hasta acabar con sus vidas.
Aún más grave es que de acuerdo a los informes forenses difundidos, todos murieron por disparos en la frente, muerte típica de un ilegal ajusticiamiento.
Además, es de conocimiento público que en las acciones contra los rebeldes participó, en alianza con las fuerzas del gobierno, una de las tantas pandillas caracterizadas por sus actividades delictivas contra la comunidad, que se hacen llamar colectivos, y que algunos de sus miembros perdieron la vida en condiciones muy poco claras y muy cuestionadas en opinión de los expertos.
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De acuerdo a nuestras leyes y a la legislación internacional que ha sido suscrita por nuestro país, no importa el delito ni las condiciones del enfrentamiento, es deber de las autoridades garantizar la vida de los oponentes, que en este caso no se conocía que hubieren causado muertes ni apropiación de bienes de terceros, para llevarlos a juicio en los tribunales competentes, a menos que tales autoridades vean serio peligro de muerte en el cumplimiento de sus funciones, lo que no parece factible debido a la amplia superioridad que exhibieron.
Adicionalmente, tratándose de grupos armados rivales, de acuerdo a la Convención de Ginebra, la rendición del rival debe ser respetada y respetados los derechos individuales de los rendidos.
Por lo aquí expuesto, elevamos esta solicitud pública de información sobre la decisión judicial emanada de este hecho, ya que el mismo se ejecutó como una operación militar con participación y uso de equipo y de personal activo de la Fuerza Armada Nacional, y por tanto su moral, disciplina y espíritu militar pudieren verse seriamente afectados si no se aclaran hechos que aparentan tener carácter delictual por el quebrantamiento de conductas y normas claramente establecidas en la legislación nacional e internacional vigente en nuestro país.
Fin del comunicado
La nota fue firmada por: el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier (Presidente),General de Brigada. Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente)Coronel. Rubén Darío Bustillos Rávago. (Secretario de Organización)Coronel. Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército) General de Brigada (GN), Simón Figuera Pérez. (Representante GN)Capitán de Navío, Pedro Rafael Betancourt. (Representante de la Armada),Coronel Ángel Rodríguez Campos. (Representante de la Aviación). Entre otros Generales, Coroneles y Capitanes retirados de la actividad militar.
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