(A Todo Momento) — La nación venezolana afronta actualmente la peor crisis de su historia moderna en cuanto a los derechos humanos, la cual es alimentada por reacciones violentas de las autoridades tras las protestas antigubernamentales registradas en 2017, así lo indica el último informe de Amnistía Internacional.
Los organismos de seguridad hicieron “uso excesivo y abusivo de la fuerza” sobre las personas que protestaron por meses en contra del deterioro de la situación económica y del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con un saldo de más de 120 muertes y cientos de detenciones.
“En lugar de hacer frente a la crisis alimentaria y de salud, las autoridades instauraron una política premeditada de represión violenta de cualquier tipo de disidencia”, destacó Amnistía.
Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos, así como el uso de tribunales militares para juzgar a civiles y para perseguir y hostigar a defensores de los derechos humanos, agregó en el reporte.
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El presidente Nicolás Maduro enfrentó a mediados del 2017 cuatro meses de protestas casi diarias lideradas por la oposición para exigirle elecciones anticipadas, ayuda humanitaria para combatir la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento del Congreso dominado por la oposición y la libertad para los activistas encarcelados.
Los manifestantes dicen que funcionarios de la Guardia Nacional ejercieron mano dura al reprimir sus protestas, mientras que Maduro afirma que su Gobierno se enfrentó a una “insurgencia armada” con el apoyo de Estados Unidos.
Venezuela sufre una recesión económica agravada con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, problemas que la oposición atribuye a deficientes medidas oficiales pese a que Maduro les devuelve la responsabilidad diciendo que son producto de una guerra económica de empresarios y sus adversarios.
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La “terrible” situación en Venezuela llevó a un aumento del número de personas que se va del país y que solicitan asilo en otras naciones, entre ellas México, Brasil, Costa Rica, España y Estados Unidos, de acuerdo a sus registros.
Amnistía apuntó que en los procesos de diálogo político entre el gobierno y la oposición no se han producido avances concretos en cuestiones relativas a los derechos humanos, pese a que algunos países han tratado de condenar la crisis.
Reuters