A fines de noviembre, el director de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario le envió cartas a los pacientes de la unidad de cardiología diciéndoles que les daban de alta. El motivo, dijo, era la escasez de insumos para el quirófano: no tenían catéteres, ni una máquina para procesar análisis de sangre, ni válvulas para el corazón.
Una semana más tarde, mientras González daba una emotiva charla para catequistas jóvenes en la iglesia católica cerca de su casa, se desvaneció y murió frente al altar. González, un maquinista de 39 años de una empresa de servicios estatal, dejó a su esposa, Indimar Rivero, y a un hijo de ocho años.
“Si hubiesen encontrado lo que necesitaban, los insumos y la válvula, yo creo que Dios y los doctores lo habrían salvado”, dijo Rivero, que es fervorosamente religiosa como lo era su esposo y en su tiempo libre da clases de catecismo para niños. “Pero al final, lo mandaron a la casa porque no tenían los insumos”.
Administradores del hospital no respondieron a pedidos de comentarios.
La atención médica gratuita y de calidad era un pilar del sistema socialista impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez, un derecho que garantizó en una nueva constitución. Pero dos años después de su muerte y 16 años después de que llegara al poder, lo que el agitador populista llamó una revolución se está desmoronando con rapidez.
La inflación, de casi 70%, es la más alta del mundo, y el Fondo Monetario Internacional estima que la economía se contraerá 7% este año. Las amplias nacionalizaciones y los controles de precios han perjudicado a la industria local y los controles cambiarios han privado al país de los dólares que provee el Estado y se necesitan para pagar las importaciones. El resultado: escasez de todo tipo de productos, desde autopartes a papel higiénico e insumos médicos en un país que produce pocos de los artículos que consume.
De las innumerables crisis por las que ha atravesado Venezuela, hasta ahora ninguna había demolido la ilusión de un gobierno que puede ocuparse de sus ciudadanos como el colapso del sistema de salud. Entrevistas con más de 100 doctores, pacientes, personal de la industria médica y ex funcionarios del Ministerio de Salud, así como visitas guiadas a hospitales públicos en tres estados, trazan el panorama de un sistema quebrado.
Las carencias afectan tanto a los hospitales públicos como a los privados y están alterando drásticamente el acceso a la atención médica de la población, al punto de incrementar las muertes evitables, según doctores y asociaciones médicas.
Medicamentos desde aspirinas a antibióticos y desde insulina a anestésicos, son escasos. Todo tipo de equipos —máquinas de rayos X, escáneres de ultrasonido y desfibriladores— suelen estar fuera de servicio por la falta de partes para repararlos.
En poco más de dos meses, entre octubre y comienzos de enero, murieron otros 12 pacientes internados en el Hospital Universitario que necesitaban cirugía cardíaca. Liz Giraldo, de 38 años, esperó siete meses por una válvula para el corazón y falleció en la sala de emergencias, afirmó su hija Erlys Daza, de 19 años.
Vivir con remordimientos
“Es un grado de impotencia importante”, indicó Marcos Durand, médico que junto a otros colegas aquí describió cómo murieron los pacientes con problemas cardíacos, uno tras otro. “Es vivir la impotencia de las familias. Es mirar a la familia y decir: ‘Se va a morir, no se puede hacer nada’”.
Gastón Silva, director de la unidad de cirugía cardiovascular que envió a González y otros pacientes a sus casas en noviembre, afirmó que todos los médicos viven con remordimientos. “Pacientes que iban a un hospital a buscar la vida en lugar de eso encontraban la muerte”, sostuvo.
La ministra de Salud Nancy Pérez no respondió a múltiples pedidos de comentarios. Tampoco devolvieron las llamadas o los emails las oficinas de ese ministerio que se encargan de oncología, administración de hospitales públicos, salud pública en vecindarios de bajos recursos y datos sobre salud.
Los recortes se registran en todos los grupos etarios y de ingresos, mientras los pobres soportan la peor parte de la crisis. En el Hospital de Niños J.M. de los Ríos en Caracas, hace poco colocaron bebés en escritorios de oficina porque tenían muy poco espacio. Del otro lado de la ciudad, en el viejo hospital en Coche, los pacientes con heridas de accidentes y tiroteos fueron colocados en filas de camas en un pabellón. Algunos dijeron que habían esperado semanas y meses por operaciones para reparar huesos rotos.
Ninguno de los hospitales respondió a pedidos de comentarios.
De 45.000 camas en los hospitales públicos de Venezuela, sólo 16.300 están en condiciones de servicio. Los hospitales privados, con otras 8.000 camas, han ayudado a las desbordadas instalaciones públicas, pero también tienen problemas. La asociación que representa a los hospitales privados afirma que la cirugía electiva en centros privados —desde operaciones de rodilla a cinturones gástricos y otros procedimientos que no ponen en riesgo la vida— bajó 90%. Eso se debe a que las menguantes reservas de divisas están volviendo casi imposible que los hospitales consigan los dólares necesarios para pagar medicinas y equipos médicos importados.
Venezuela necesita alrededor de US$1.000 millones al año en importaciones de elementos hospitalarios, indicó Antonio Orlando, presidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos. Pero en 2014, el gobierno, con poco efectivo, entregó menos de US$200 millones, una marcada caída desde 2010, cuando el sector importó US$807 millones.
Doctores en la mira
Pese a un auge petrolero sin precedentes, un mal manejo fiscal —por parte del gobierno y todos sus ministerios— lentamente llevó al sistema de salud pública a quedarse sin fondos. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012, el último año con datos disponibles, la participación del gasto estatal de Venezuela en salud, de 6%, y su gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, de 2%, eran más bajos que los de las principales economías de América Latina.
En los últimos meses, los funcionarios han evitado hablar sobre el sistema, pese a que doctores y pacientes han realizado protestas fuera de los hospitales.
En lugar de ello, algunos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro han atacado a doctores y los directores de las asociaciones médicas que han criticado el sistema de salud, calificándolos de traidores y capitalistas codiciosos que no se preocupan realmente por los enfermos. En septiembre último, Maduro, su ministro del Interior y autoridades del estado Aragua —todos del partido gobernante— incluso tildaron a algunos doctores de conspiradores.
En la televisión nacional, Maduro acusó de terrorista al presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, y ordenó su arresto. El doctor, que había dicho ante los medios que ocho muertes en un hospital público posiblemente estaban vinculadas con el mismo patógeno, ha estado oculto desde entonces.
Con información de The Wall Street Journal.
