Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) cumplen este viernes 28 de marzo 11 meses de mora legislativa con su obligación constitucional de nombrar a los 3 nuevos Rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), al igual que sus 6 suplentes, todos representantes de la sociedad civil en el Poder Electoral; en sustitución de los rectores Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, y de los suplentes Grisell López Quintero, Levy Arron Alter Valero, Maryclen Stelling, William Alberto Pacheco, Humberto José Castillo y Pedro Antonio Díaz Blom; a quienes se les venció su período de 7 años el pasado 28 de abril del año 2013. Esta alerta lo formula Súmate en su publicación Monitor Parlamentario N° 5, de marzo de 2014, en el que presenta el balance de la gestión de la Asamblea Nacional en 2013.
Esta ONG indica en que los diputados de la AN debieron haber conformado y juramentado en febrero de 2013 al Comité de Postulaciones Electorales (CPE), de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), lo cual significa que tienen un año de retraso en la creación de esta instancia, que debe estar integrada por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil, con potestad para abrir el período de convocatoria para postulaciones de candidatos, así como para verificar y evaluar las credenciales de los mismos, con el fin de presentar la lista de elegibles con por lo menos el triple de los cargos a designar entre principales y suplentes a la plenaria de ese parlamento.
Asimismo explica que los diputados de la AN también están en deuda con la Constitución de la República y los ciudadanos del país al mantener la vacante producida en el cargo del Contralor General de la República, quien falleció el 20 de junio de 2011; a la cual podría unirse en diciembre de este año 2014 la del Fiscal General de la República y la del Defensor del Pueblo, ya que sus actuales titulares Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez, respectivamente, fueron juramentadas el 21 de diciembre de 2007 para un período de siete (7) años.
Agrega la ONG la negligencia de los parlamentarios en dar respuesta a las 11 vacantes producidas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde 2011 hasta enero de 2014, primero con la jubilación del magistrado Levis Ignacio Zerpa en noviembre de 2011, a las que siguieron otras nueve en 2012, una por abandono del cargo en abril de Eladio Aponte Aponte, y siete por vencimiento de su período de 12 años en diciembre de los titulares Yolanda Jaimes, Antonio Ramírez Jiménez, Carlos Oberto Vélez, Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo, Alfonso Valbuena y Blanca Rosa Mármol; y una por fallecimiento de la magistrada Ninoska Queipo, en octubre de 2012, y la décima primera vacante por este último motivo en la persona de la magistrada Trina Omaira Zurita, que se produjo el 7 de enero de este año.
Súmate afirma que la selección de los candidatos para cubrir estas vacantes absolutas en los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano, corresponde tanto a los diputados de la AN como a la Sociedad Civil, por disposición de la Constitución, quienes deben ser escogidos entre los ciudadanos más idóneos de la República, destacando como exigencia común para todos el no tener vinculación con organizaciones políticas.
Como parte del balance de la AN en 2013, esta ONG proporciona el hecho de que una mayoría circunstancial utilice el procedimiento del allanamiento a la inmunidad de los diputados de la Unidad Democrática (MUD), la cesión de sus funciones legislativas al Poder Ejecutivo con la aprobación de forma irregular de una Ley Habilitante, aplicando para ello el allanamiento de la inmunidad de la parlamentaria María Aranguren, que el 54% del total de los 165 diputados no rindió cuentas de su gestión 2012 a sus electores y el caso novedoso de la participación de un grupo de diputados como candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones Regionales del 16D 2012 y las Municipales del 8D 2013, respectivamente.
Vía, Prensa Súmate