El Reporte Global de Competitividad 2013-2014, que desarrolla la organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, ha difundido un ranking de independencia judicial. Se realiza basado en una encuesta que pregunta cuán autónomos son los jueces de las influencias del gobierno y de las empresas. En la clasificación 1 significa que están muy influenciados, y 7, que son completamente independientes.
El Foro Económico Mundial, que organiza anualmente la cumbre de Davos, expone una gran heterogeneidad en América Latina. Uruguay ocupa el puesto 25 con 5,4 puntos y es el mejor rankeado. Por otro lado, Venezuela, presidida por Nicolás Maduro es el peor de los 148 países medidos, con apenas una puntuación de 1,1.
Hay distintos modelos judiciales en la región latinoamericana. Algunos de estos modelos están señalados por una fuerte dependencia del gobierno, que tiene una enorme presión sobre los jueces.
“Venezuela es un país donde el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo. Otro ejemplo se vio en Argentina, con el intento de sancionar las llamadas leyes de democratización de la justiciacomo represalia por fallos que no le habían gustado al gobierno”, expresa Gregorio de Gràcia.
En otras latitudes, el Ejecutivo no afecta el trabajo de los jueces, pero eso no quiere decir que sean totalmente independientes. “Costa Rica tiene un Poder Judicial bastante independiente -continúa-, pero algunas decisiones lo ponen en una posición tendiente a cuidar a las empresas, porque si las afecta podría alterar la marcha de la economía. Es una forma de dependencia, porque el juez debería decidir guiándose sólo por el caso concreto“.
