Casi dos años después de la muerte del Comandante Hugo Chávez, la pregunta clave que muchos de la izquierda están debatiendo en Venezuela y otras partes es: ¿sus sucesores son fieles a su legado, o está el “proceso revolucionario” estancado o, peor aún, en retroceso? Los agudos problemas que han aquejado a Venezuela durante los últimos años parecieran convencer a algunos Chavistas que la revolución ha sido traicionada, o en el mejor de los casos, que a Maduro le falta por completo la astucia política de Chávez. Una de las principales dificultades es la escasez de numerosos productos, incluyendo los de primera necesidad, y una tasa de inflación por encima de 60 por ciento. Según Maduro, ambos problemas forman parte de una “guerra económica” llevada a cabo por intereses poderosos con el fin de desestabilizar a Venezuela. Las dificultades del gobierno incluyen también el problema universalmente reconocido de la corrupción.
Chavistas radicales señalan que a Maduro le falta este tipo de audacia. Critican, por ejemplo, la decisión de reemplazar la consigna chavista “Chávez Vive, la Lucha Sigue!” con “Chávez Vive, la Patria Sigue!” como indicativo de un retroceso político y una merma del fervor revolucionario de la dirigencia chavista. Un Chavista radical concluyó que con este tipo de modificación retórica Chávez está “frente a una segunda muerte y desde la revolución”.Los radicales también cuestionaron la lógica implícita en la propuesta “diálogo de paz” con los líderes de la oposición y el sector empresarial que fue diseñado para controlar las protestas violentas que estremecieron a Venezuela en los primeros meses de 2014. Los radicales estaban convencidos que esas conversaciones abrieron las puertas a concesiones a los enemigos históricos de la revolución bolivariana. Antonio Aponte y Toby Valderrama, este un ex-guerrillero a quien Maduro ha atacado personalmente, escribieron “Es hora… de decir nos equivocamos: Quisimos ahorrarle sacrificios a la sociedad, tendimos la mano a la burguesía, cometimos la candidez de querer construir la paz con los enemigos de la paz….quisimos controlar el monstruo capitalista que es incontrolable.”
Los aciertos del gobierno de Maduro y sus limitaciones:
Una de las claves del éxito político de Chávez fue su estrategia de aprovecharse de cada victoria electoral y no-electoral para acometer inmediatamente medidas que profundizaban el proceso de cambio, iniciaban una nueva etapa en la transformación del país y golpeaban a los adversarios. Por ejemplo, varias victorias electorales durante los primeros dos años del gobierno de Chávez abrieron el camino para la legislación anti-neoliberal controvertida en noviembre de 2001, incluyendo la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las derrotas del golpe del estado de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003 crearon las condiciones que hicieron políticamente factible el anuncio de Chávez de su intención de combatir al imperialismo. Similarmente, la derrota del referéndum revocatorio en 2004 condujo a su declaración del socialismo como la meta principal de su gobierno. Su re-elección en 2006 con el porcentaje de votos más alto en la historia moderna del país se aprovechó para nacionalizar telecomunicaciones, electricidad, acero, cemento y otras industrias estratégicas.
En 2014 Maduro rompió con esa estrategia de radicalización. En mayo, el gobierno emergió victorioso de tres meses de desobediencia civil combinada con actos de violencia (conocidos como “la guarimba”) con el objetivo explícito de tumbar a Maduro. En las semanas siguientes, sin embargo, el gobierno se abstuvo de aprovecharse de la oportunidad para realizar más cambios, y lo que hizo fue seguir instando a la oposición a participar en el diálogo de paz para garantizar la estabilidad.
Sin embargo, la decepción de los radicales por la supuesta inercia de Maduro no se justifica. Las reuniones del “diálogo de paz” – independientemente de si produjeron concesiones al sector privado (como alegan los radicales) o no, lograron producir acuerdos concretos (como afirma la oposición) – crearon un clima conducente a la restauración del orden. Además, la iniciativa abrió divisiones en el campo del enemigo al confrontar el sector privado (que acordó participar) y muchos seguidores de la oposición (que objetaron a los desordenes) contra la oposición intransigente, que incluía casi todos los líderes anti-chavistas (la única excepción importante fue el gobernador del estado Lara, Henri Falcón). Como resultado, la oposición se encontró profundamente dividida, desmoralizada, carente de capacidad de movilización y sin un portavoz que pudiera representar un bloque anti-gubernamental unificado.
Conjuntamente con otras acciones, los esfuerzos de Maduro de combatir la especulación, el acaparamiento, el contrabando y la corrupción, a pesar de fallas y limitaciones, establecen las credenciales izquierdistas del gobierno y lo diferencian de los de antes de 1998. La campaña es apuntalada por una definición de propiedad privada anteriormente formulada por Chávez que rechaza el concepto de los derechos sagrados y no condicionados de los propietarios, fundamentado en la ideología capitalista que data del siglo 18. Al promulgar la Ley de Tierras de 2001 y expropiar empresas inactivas en 2005, Chávez insistió que el sector privado tiene responsabilidades bien definidas, está sujeto a la intervención estatal y eventualmente a la expropiación si no cumplían esas obligaciones.
Maduro ha reforzado este principio a nivel de discurso, legislación y acciones concretas en un esfuerzo para contrarrestar la “guerra económica”. En noviembre de 2013 su gobierno inició una campaña contra el acaparamiento y especulación al multar algunos comercios y obligarlos a vender sus productos a un menor precio y en algunos casos encarceló a los gerentes. La campaña fue bien acogida por los votantes que dieron a los Chavistas un margen de 11,5 puntos porcentuales por encima de los candidatos de la oposición en las elecciones municipales del mes siguiente. La encuestadora Hinterlaces indicó que solamente 28 por ciento de los votantes se opusieron a las medidas económicas tomadas inmediatamente antes de las elecciones. El impacto positivo electoral de las acciones gubernamentales asustó a la asociación empresarial Fedecámaras, que las vio como expresión de acoso.
Después de las elecciones de diciembre de 2013, el gobierno estableció nuevos mecanismos para combatir la “guerra económica”. Hasta entonces, los comercios fueron sancionados debido a la evasión de impuestos, el no-cumplimiento con el régimen de precios regulados, y la cobranza de precios exorbitantes para mercancías importadas con dólares preferenciales. A partir de 2014, la Ley de Precios Justos creó la Superintendencia Sundde, que limitó el margen de ganancia para transacciones comerciales a 30 por ciento. Además, la ley estableció el castigo de prisión en casos de acaparamiento, especulación y contrabando (de hasta 14 años). Para mediados de 2014, Sundde anunció que habían inspeccionado más de 4.000 empresas por mes, de las cuales 900 estaban sujetas a sanciones. Mientras que en algunos casos, Sundde obligó a los comercios a bajar los precios, en otros tomó posesión de las mercancías y las entregó a los consejos comunales para venderlas en la comunidad o, en el caso de medicinas, a los hospitales. En otros casos se aplicó los extremos de la ley, confiscando las gandolas involucradas en el transporte de productos de contrabando a Colombia, y encarcelando a los camioneros.
Sundde cuenta con la participación activa de la población en general. Cada uno de los fiscales de la Superintendencia trabaja con dos o tres “inspectores populares¨ escogidos por los consejos comunales o las UBECHEs del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Algunas de las inspecciones son respuestas a información provenientes de la comunidad. Redes informales también ayudan a informar al público acerca de la venta de mercancías a un precio oficial bajo la supervisión de Sundde.
Además de regular los precios y ganancia, el gobierno de Maduro ha mantenido la insistencia de Chávez que el sector privado sostenga niveles aceptados de producción. En septiembre, el gobierno respondió favorablemente al pedido de sindicalistas de garantizar la producción en las dos plantas de la empresa gigante Clorox, cuyos propietarios pocas semanas antes habían salido de Venezuela y abandonaron sus obligaciones con la empresa por lo que los trabajadores se apoderaron de ella. El gobierno de Maduro anunció que le empresa estatal Pequiven suministraría componentes a las dos plantas. El vice-presidente Jorge Arreaza, quien inspeccionó una de ellas, señaló que la acción del gobierno debe servir como una advertencia a otras compañías. La decisión del gobierno fue especialmente audaz porque, a diferencia de las compañías cerradas y luego expropiadas por Chávez en 2005, Clorox es una multinancional y por eso podría llevar el caso a los tribunales internacionales.
Los radicales que caracterizan al gobierno de Maduro como uno de retroceso y entrega no reconocen que la estrategia del gobierno iniciada por Chávez y recientemente extendida en respuesta a la ¨guerra económica¨ tiene poco precedente en Venezuela. Los gobiernos en el pasado nunca enfrentaron al sector empresarial en la forma de la ocupación temporal de comercios y galpones, la confiscación de camiones involucrados en el contrabando, la promoción de la participación de las comunidades en combatir abusos empresariales, y la fijación de límites sobre las ganancias.
Similarmente, la aplicación de la ley y el encarcelamiento de Chavistas bajo cargos de corrupción no tienen precedente, aún cuando esas acciones evidentemente no han servido para detener prácticas anti-éticas. Más recientemente, el ex-ministro y ex-gobernador Rafael Isea se fugó del país después de ser acusado de malversación de fondos asignados para obras públicas. La oposición típicamente alega, aunque sin prueba, que las acciones del gobierno son represalias contra los disidentes chavistas. Sin embargo, Isea, como otros Chavistas importantes que han enfrentado enjuiciamiento bajo el gobierno de Maduro, estuvo asociado estrechamente con la dirigencia del PSUV y la maquinaria del partido. De acuerdo con la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, 493 venezolanos fueron encarcelados por cargos de corrupción durante la primera mitad de 2014.
Sin embargo, hay limitaciones y fallas en la respuesta del gobierno a la ¨guerra económica¨. El gobierno no ha ofrecido al público información detallada de las investigaciones y procedimiento judicial después de los operativos bien publicitados contra el contrabando, acaparamiento, y especulación. Esta falla ha producida escepticismo entre muchos Chavistas de la base referente al compromiso del gobierno de enfrentar los intereses económicos poderosos en vez de los camioneros, pequeños comerciantes y miembros de la economía informal – aunque ciertamente el gobierno ha impuesto sanciones también sobre los comercios grandes. Aparentemente, el gobierno de Maduro ha sido receptivo a la insistencia de Fedecámaras – expresado durante el diálogo de la paz – a favor de los canales legales y el derecho de la defensa antes de recibir sanciones, en vez de la vía rápida justificada en situaciones de crisis.
Los críticos izquierdistas de Maduro describen la respuesta gubernamental a la guerra económica como ¨defensiva¨ y ¨reactiva¨. En contraste, la asesora gubernamental y profesora universitaria Judith Valencia dice que prefiere el uso de la palabra ¨contra-ofensiva¨. Independientemente de cuál de los dos términos son más apropiados, las medidas tomadas por Maduro que definen y restringen las prerrogativas del sector privado contradicen la tesis de que el gobierno ha sido pasivo y carente de una agenda alternativa.
En resumen, aunque a Maduro a veces le falta los instintos políticos de Chávez, y sus acciones no han logrado frenar la inflación, él ha demostrado un compromiso en enfrentar a los abusos del sector empresarial que no tiene equivalente entre los gobiernos de los países capitalistas avanzados en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno de Maduro puede ser culpado por la lentitud en responder al problema del control de cambio que ha llegado a proporciones críticas. Dentro del movimiento chavista, el debate sobre las varias propuestas diseñadas para estabilizar el cambio carece en gran parte de significado ideológico.
La crítica al gobierno por parte de aquellos que apoyan el proceso de cambio proviene de varios sectores, particularmente los intelectuales chavistas y las tendencias radicales como Marea Socialista, pero sus opiniones reflejan la frustración de una parte importante de la base del movimiento. La erosión del entusiasmo es quizás natural dada la duración de dieciséis años en el poder, agravada por los problemas económicos apremiantes y la corrupción reconocida por los mismos líderes del PSUV como extensiva.
Los dirigentes PSUVistas frecuentemente emplean la consigna favorita de Chávez “Unidad, Unidad y Más Unidad”, contra los críticos radicales. La hostilidad persistente de Washington hacia el gobierno chavista, más recientemente demostrada por las sanciones impuestas por la administración de Obama contra Chavistas, refuerza el argumento a favor de suavizar las críticas y cerrar filas. Otro término usado por los líderes del PSUV para desacreditar sus críticos es “izquierdistas trasnochados”.
Más preocupante e indicativo de la intolerancia creciente es el número significativo de Chavistas críticos cuyos programas han sido eliminados de la radio y televisión del Estado. Un ejemplo es la izquierdista de larga trayectoria, Vanessa Davies, quien tendía a formular preguntas incómodas en su programa de televisión “Contragolpe”. Algunos ministros la consideraron una espina en el costado y fueron renuentes a aparecer en su programa, pero fueron obligados hacerlo por Chávez. Muchos dirigentes chavistas están reacios a aceptar críticas abiertas en este frente porque consideran los medios privados como una fortaleza de la oposición que ha desempeñado un papel clave en la campaña de desestabilización, prácticamente desde el comienzo del gobierno de Chávez.
Dado el desempeño mixto del gobierno, la dirigencia chavista debe esperar y tolerar críticas fuertes desde adentro del movimiento. Un paso importante en la dirección de un pluralismo muy necesitado estaría en separar por lo menos a una parte de la dirigencia del PSUV del Estado – o sea, los ministros del gabinete y los gobernadores que actualmente dirigen el partido. Por cierto los dirigentes de los movimientos sociales no ocupan ninguna de las ocho vicepresidencias del partido. La corrección de esta falla abriría espacios para las “auto-críticas” desde abajo. Por encima de todo, los líderes PSUVistas deben reconocer tanto a nivel de discurso como de acciones que las críticas desde adentro del movimiento no son parte del problema, sino parte de la solución. Al mismo tiempo, los Chavistas radicales, independientemente de lo acertado de sus críticas, exageran cuando apuntan hacia los errores del gobierno y los problemas que el país enfrenta como prueba que las metas revolucionarios han sido abandonadas y que el proceso de cambio está en completo retroceso.
Por: Steve Ellner.