La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que promovió la aplicación por primera vez de la llamada ley antiterrorista, sancionada a instancias de su gobierno, contra la imprenta multinacional Donnelley por “alteración del orden económico y financiero”.
La denuncia ya la presentó la AFIP después de que la compañía que cerró la semana pasada consiguió que la Justicia le declarara la quiebra. La Presidenta dijo que esa quiebra es “falsa” y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un “entramado mafioso” para perjudicar al país y querer “verlo de rodillas”. “Es un intento de atemorizar a la sociedad”, definió Cristina Kirchner, quien varias veces llamó a la sociedad argentina en su conjunto a defender los intereses nacionales.
Con un encendido discurso, la Presidenta cargó contra los empresarios que criticaron al Gobierno por el nuevo proyecto para modificar la ley de abastecimiento y los convocó a debatir la iniciativa en el Congreso.
“Los problemas no se discuten desde los diarios”, les advirtió a los empresarios tras las críticas que hicieron las principales cámaras, entre ellas la industrial y los sectores financieros, que consideraron que había un exceso de intervención del Estado en las compañías.
Sin dar nombres, la Presidenta le respondió al titular de la UIA, Héctor Méndez , y apuntó al empresariado en general por considerar que pretendía “minar las expectativas” económicas para perjudicarla. En la primera fila la escuchaba el vicepresidente de la UIA, José Urtubey. “Vamos a ir a discutir la ley al Congreso. Me parece bien, siempre dentro del ejercicio democrático respetuoso”, dijo ante la consulta de LA NACION cuando dejaba la Casa Rosada.
La Nación de Argentina / GDA