Con el objetivo de reducir los delitos facilitados por el uso de teléfonos móviles, el Senado federal ha aprobado la creación de un registro nacional de usuarios de teléfonos móviles que recogerá datos biométricos como huellas dactilares e imágenes del iris de las personas.
Con el apoyo de la mayoría de los senadores oficialistas, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada este martes en la Cámara Alta.
La reforma, aprobada por la Cámara Baja el pasado mes de diciembre, obliga a los ciudadanos a inscribirse en el registro -que se prevé crear en un plazo de tres años- cuando compren una tarjeta SIM o adquieran una nueva línea de telefonía móvil de prepago.
El objetivo de la reforma es reducir la incidencia de delitos como la extorsión y el secuestro (incluido el pedido de rescate), que a menudo se ven favorecidos por el uso de teléfonos móviles no registrados. Muchos de los delitos facilitados por el uso de teléfonos se han rastreado hasta las prisiones mexicanas.
Según la reforma, las personas que compren una nueva SIM o quieran activar un teléfono móvil de prepago tendrán que presentar un documento de identidad, un justificante de domicilio y una forma de identificación biométrica. Podrían ser sus huellas dactilares, imágenes de su iris o una serie de rasgos faciales.
La no presentación de los documentos y datos requeridos se sanciona con la cancelación definitiva de la línea telefónica en cuestión y la imposición de una multa de casi 90.000 pesos (unos 4.500 dólares).
La reforma establece que el registro será confidencial y la información personal de las personas estará protegida por las leyes federales de protección de datos existentes, pero esas leyes no mencionan específicamente los datos biométricos.
Los activistas de los derechos digitales y los legisladores de la oposición criticaron la reforma, especialmente la inclusión de datos biométricos.
Luis Fernando García, director de R3D, una red de defensa de los derechos digitales, dijo que las leyes existentes para proteger los datos de las personas son muy malas, y añadió que los datos personales son sistemáticamente violados en México.
Miguel Ángel Mancera, líder del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, dijo que la creación del registro violaría numerosos apartados de la Constitución.
[La reforma] es un cóctel de violaciones constitucionales, dijo, y añadió que afectaría a una serie de garantías civiles.
Mancera pronosticó que habrá una avalancha de amparos contra la reforma y expresó su duda de que ayude a reducir la delincuencia.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, dijo que la obligación de que los usuarios de teléfonos celulares entreguen sus datos biométricos es una violación de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la privacidad. También dijo que el establecimiento de un registro nacional podría llevar a que las personas sean acusadas erróneamente de un delito.
El registro viola el [derecho a] la presunción de inocencia (…) porque si un número de teléfono se utiliza para cometer un delito, se presume que el propietario de la línea registrada es culpable; el usuario queda en [un estado de] completa indefensión, dijo Massieu.
La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, afirmó que el propósito del registro es vigilar a los más de 100 millones de usuarios de teléfonos celulares del país, aunque el presidente López Obrador dice que su gobierno no está interesado en espiar a nadie.
Este proyecto atenta contra la intimidad y la protección de datos personales y vulnera la libertad de comunicación, dijo.
Con el establecimiento de un registro nacional, el gobierno se convertiría en una especie de Gran Hermano, dijo Gálvez, refiriéndose a la mascota del estado de vigilancia omnipresente en la novela de George Orwell Nineteen Eighty-Four.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza dijo que el establecimiento de un registro nacional de usuarios de teléfonos celulares es un sello de autoritarismo.
Dificulta el derecho a la expresión anónima y facilita la vigilancia y el control de la población, violando los derechos humanos y las libertades fundamentales, dijo.
Sólo hay 17 países que tienen un registro de esta naturaleza, todos ellos autoritarios, todos con regímenes que violan los derechos humanos: China, Afganistán, Venezuela, … [ahora] vamos a incluir a México.
López Obrador defendió el plan, diciendo que su propósito es cuidar a los usuarios de telefonía móvil.
Es una cuestión de seguridad, dijo a los periodistas en su rueda de prensa del miércoles, y añadió que a las empresas de telecomunicaciones no les gusta la idea por la carga burocrática que les supone.
La gente ya tiene que proporcionar datos de identificación y biométricos, como las huellas dactilares, cuando se inscribe en otros servicios, como los bancarios, pero las empresas de telecomunicaciones se oponen a tener que recopilar información personal porque creen que afectará a las ventas, dijo López Obrador.
… Esto es por la seguridad de la gente, no es vender cacahuetes. Es vender una tarjeta [SIM] para tener comunicación y que puede ser utilizada para extorsionar, secuestrar [o] para cometer delitos. … Es completamente un asunto de seguridad para la protección de los mexicanos.
El presidente añadió que los ciudadanos no deberían tener ninguna preocupación por facilitar sus datos personales y biométricos para su inclusión en el registro.
… Nunca vamos a llevar a cabo acciones de espionaje contra nadie, dijo.