(A Todo Momento) — Este martes, el informe de un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Reseñó EFE.
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En su informe, de 400 páginas y presentado este martes, el panel de expertos aseguró que existen “fundamentos suficientes” para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, quien forma parte del grupo de expertos.
En una rueda de prensa en la sede de la OEA en Washington, Cantón aseguró que en
Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”, ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El experto aseguró que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
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Cantón denunció un “plan sistemático” del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el “control social” y aseguró que el grupo de expertos ha detectado “una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad” que han sido recogidos en el informe.
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
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La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
“Solo puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables”, afirmó hoy Almagro, que intervino al comienzo de la rueda de prensa en la sede de la OEA. La idea de investigar a Venezuela nació después de que Almagro presentara en julio de 2017 su tercer informe sobre el país, en el que alertaba de posibles crímenes de lesa humanidad.
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La lucha contra la impunidad es trabajo de [email protected], pero especialmente de los que tenemos obligaciones directas de denunciar esta clase de crímenes. Estos son una afrenta a la conciencia de la humanidad y al bienestar de todos #Venezuela #OEAconVzlahttps://t.co/YNnajl5QxT pic.twitter.com/V5NqnkYU49
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 29, 2018