La detención del Alcalde Antonio Ledezma el pasado jueves fue el inicio de otra etapa en la historia política en Venezuela. Un allanamiento sin orden judicial y la detención arbitraria de un líder electo por la mayoría del pueblo caraqueño por más de 100 funcionarios del Sebin, da pie para muchos opositores y expertos del comienzo de un ciclo de “represión y persecución” a la oposición venezolana.
El Exmagistrado Perkins Rocha Contreras, durante entrevista exclusiva al equipo de AtodoMomento.com indicó que “Estamos entrando en una etapa de represión, empieza haber un desapego de las formas jurídicas básicas que acompañan a los derechos humanos fundamentales como es la garantía de debido proceso”.
Para el jurista, “el actuar del Gobierno contra Ledezma sin orden judicial indica el desespero por tratar de tapar un problema económico con lo político”. Aseguró que “la justicia venezolana, luego de haber detenido al alcalde metropolitano, fue que elaboró dicha orden. En un país normal y democrático es que cada vez que vayas actuar, previamente así sea de manera apresurada, justifiques jurídicamente lo que vas hacer”.
“Lo que ocurrió con el alcalde Ledezma fue una ejecutoria unilateral irrespetando las formas jurídicas, una grosera vía de hecho”. Éstas vías son irregulares pues representan una grosera violación constitucional porque ya no necesita de las ejecutorias de ninguna cobertura alguna jurídica para actuar”.
Explicó que esa manera de proceder del Gobierno, en su opinión, nace por la necesidad de Maduro de tapar el problema económico con el tema político. “Hizo que toda la opinión pública se volteara a un tema tan epidérmico, tan delicado como son los derechos humanos de una persona”.
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Transición en Venezuela, ¿Golpe de Estado?
El Exmagistrado enfatizó que “Llamar a la transición no es llamar a un golpe de Estado. Manifestar tu opinión política sobre la forma de cómo se conduce a un país jamas puede ser un llamado a un golpista, no hacerlo sería ser cómplice de un régimen violatorio de los derechos humanos”.
“Los venezolanos hemos venido legitimando conductas violatorias a la constitución como en el caso particular de los consejos comunales, no debimos nunca aceptar. No podemos por complicidad por omisión dejar de pronunciarnos porque eso sería legitimarlo”.
Rocha argumentó que hasta el propio presidente fallecido Hugo Chávez llamó a la transición en el momento que pidió a la población desconocer al gobierno de Rafael Caldera y hasta le exigió su renuncia (1996). Estas figuras jurídicas no estaban dentro de la Constitución de la época (1961).
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“Venezuela pasa de dictadura a tiranía”
Para Rocha la primera etapa de la represión es “arremeter contra lideres políticos creyendo de que se gana de una manera la indulgencia de un sector que pudiera estar detrás del gobierno y empieza hacer un obstáculo a vencer para el mismo gobierno las formas jurídicas que garantizan el debido proceso”.
“Estamos en una etapa peligrosisima, donde pareciera que pasamos de una dictadura a una tiranía, en el sentido político”, aseguró.” Las dictaduras necesitan de las formas jurídicas porque eso les permite ciertas discursos a nivel internacional para tener una fachada. Estas deben tener personas afectas a su causa dentro de las instituciones para llevar a cabo sus decisiones en contra de los enemigos del gobierno. Eso es una dictadura. Pero las tiranías no necesitan de una forma jurídica, pues no juzga sino que extermina, no oye pruebas. No necesita pruebas porque no hay procesos”.
Este hecho también se debe al nacimiento de la disidencia dentro del gobierno y necesitaba calmarla con una opinión de fuerza para tener apoyo de esa fracción. “La única opción que tiene el pueblo de denunciar el atropello a sus derechos es la desobediencia civil, como un derecho humano fundamental de no reconocer un gobierno ilegítimo”.
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¿Elecciones el la alcaldía metropolitana?
Detalló que sólo el Cabildo Metropolitano tiene la potestad de convocar a una elección de esa naturaleza. “Primero se debe comenzar una averiguación para saber si es culpable o no de los delitos que se les imputa y luego en sesión decidir si se convoca a elección de un nuevo alcalde metropolitano o mantener al alcalde temporal”.
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Diputado Julio Borges
También señaló que el posible allanamiento a la inmunidad parlamentaria al diputado Julio Borges, es parte del mismo plan del Gobierno de tapar los problemas económicos de Venezuela con los temas políticos. “Si algún diputado electo por el pueblo pudiese estar incurso en algún delito, no hay razón para allanar su inmunidad como en el caso de Richard Mardo y María Corina Machado” Esto demuestra el irrespeto al estado de derecho por parte del Gobierno.
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