Desde la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, hasta hoy era correcto el término ‘chavismo’ para referirse a la fuerza política que detenta el poder en Venezuela. Sobraba cualquier aclaración.
Hechos recientes sugieren que esta realidad ha cambiado. Que a partir de ahora, una cosa será hablar del chavismo y otra del oficialismo, dado lo complejo que puede ser esbozar siquiera un potencial madurismo. Los hechos en cuestión son los que han rodeado la convocatoria de Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente.
Ocurre que la pretensión del actual inquilino de Miraflores por conformar una asamblea que reforme la Constitución actual, que data de 1999 y es la carta de navegación por excelencia de la revolución bolivariana, no ha calado en las filas de los seguidores de Hugo Chávez al nivel que Maduro hubiese querido.
La lista de chavistas –ya no maduristas– que han tomado distancia del Presidente por este motivo la encabeza la fiscal general, Luisa Ortega. Su caso es especial, dado que se trata de una funcionaria en ejercicio y que ocupa no cualquier cargo. A su nombre le sigue el de la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el fin de semana pasado afirmó en un mensaje publicado en Facebook: “Ninguna asamblea puede catalogarse como constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Sus bases comiciales deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el país”.
Este es justamente el principal reparo de quienes se han parado en esta orilla crítica. Plantean que si bien a los 540 integrantes que tendría esta asamblea los elegiría el pueblo, la decisión de convocar al constituyente primario no sería resultado de la voluntad popular sino del criterio de Maduro. O de la desesperación de Maduro, en vista del panorama crítico en materia económica y política. Y con 61 muertos en dos meses.
Otras voces –incluidas las de la oposición, que ha decidido no participar en un proceso que ha calificado, con mucha razón, de ilegítimo– consideran que las reglas de juego para elegir a los constituyentes están diseñadas a la medida del oficialismo, para que este pueda asegurarse las mayorías.
Y es que territorios del país donde todavía goza de respaldo amplio la revolución bolivariana están a todas luces sobrerrepresentados. Así mismo, los aspirantes a las 168 curules reservadas para el ‘ámbito sectorial’ serán escogidos por el Ejecutivo, en una práctica que ha obligado a muchos a desempolvar los libros de historia y abrirlos en las páginas que dan cuenta, por ejemplo, del régimen de Benito Mussolini en Italia a comienzos del siglo XX.
Ante la presión, Maduro anunció el jueves que la Carta Política que surja de la asamblea será sometida a referendo. Se trata de una respuesta que, como es evidente, no satisface la aspiración de quienes quieren, fieles al ideario chavista, que el pueblo sea el determinador de la eventual reforma, no un notario de esta. Ello, asumiendo que el anuncio llegue a concretarse.
Lo cierto es que es tan compleja la coyuntura en el país vecino que pedir a estas alturas algo tan elemental como que sea el pueblo el que elija su destino ya tiene tintes de utopía.