(Redacción A Todo Momento) — La fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, respondió a la petición de la empresa brasileña Odebrecht que solicitó el pasado miércoles 19 de octubre al Supremo Tribunal Federal de Brasil silenciarla con multas para que no divulgue información relacionada con un testimonio que se había mantenido confidencial sobre las pruebas de corrupción de altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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A continuación el comunicado completo de Ortega Díaz
Es necesario que la opinión pública mundial sepa que la publicación de la declaración del presidente de Odebrecht-Venezuela, Euzenando Acevedo, ante la Procuraduría General de Brasil, es un deber que me impone la legislación venezolana.
Todos los venezolanos han sido víctimas del desfalco y corrupción de los gobernantes, por ello, tienen todo el derecho de saber quiénes están vinculados a este escandaloso caso Odebrecht y cómo lo hicieron.
Yo cedí las pruebas y la acción investigativa a la fiscalía brasileña, la cual tiene ahora la posibilidad histórica de procesar a los responsables de esos hechos.
En Venezuela no hay actualmente posibilidad de justicia, hay tal nivel de caos institucional, que son los mismos delincuentes señalados en este caso, los que han asaltado el poder y tienen el control total de los organismos jurisdiccionales.
Lo que ha anunciado Odebrecht es lamentable; muestra una falta de transparencia, y que pareciera persistir en sus prácticas a favor de la corrupción. Parte de su compromiso frente a la justicia, era aportar todo aquello que fuera necesario para erradicar este mal en los países en los que han operado.
Esta acción no es coherente con ninguno de esos compromisos, pretenden atacar a quien muestra al mundo sus corruptelas, en vez de facilitar la obtención de justicia en todos los países de la región y el mundo entero.
Resulta curioso cómo esta empresa centra todos sus esfuerzos en que las pruebas de la corrupción de su organización en Venezuela no salgan a la opinión pública y, por el contrario, promueven la inacción de la justicia respecto a Nicolás Maduro y sus compañeros delictuales.