(A Todo Momento) — Un grupo de demandas colectivas presentadas esta semana en Miami (Florida) busca que varias compañías -entre ellas, las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Barceló- compensen a ciudadanos estadounidenses o sus herederos por bienes y propiedades confiscados por la dictadura castrista en Cuba.
Por Javier Ansorena | ABC de España
Se trata de cuatro demandas colectivas que se presentaron el lunes ante el juzgado federal del Sur de Florida con exigencias de compensación posibilitadas tras la entrada en vigor este año del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática en Cuba, también conocida como ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos cubano-estadounidenses demandar contra entidades que hubieran “comerciado” con bienes confiscados por los castristas.
Las demandas se refieren a hoteles operados por las cadenas españolas Iberostar y Barceló, además de la cadena francesa Accor y la estadounidense Blue Diamond. Las demandas se interponen contra plataformas de ventas de plazas hoteleras como Trivago y Booking, así como a empresas estatales turísticas cubanas y dos ciudadanos cubanos, Raúl y Mariela Roe.
Las compañías hoteleras, de momento, están notificadas sobre la existencia de la demanda y tienen un periodo de treinta días para acordar la compensación, según la ley Helms-Burton. “Si en ese plazo no llegan a un acuerdo con los demandantes, entonces se incluirán en la demanda”, explica a este periódico Ana Malave, una de las abogadas del despacho Rivero Mestre, de Florida, que trabaja para los demandantes.
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Una de las demandas se refiere a los hoteles que Iberostar opera en Cayo Coco, una isla que era propiedad de la familia Angulo Cuevas y por la que sus herederos buscan ahora compensación económica. En el caso de Barceló, el hotel afectado es el Barceló Solymar, en Varadero, construido en parte sobre la propiedad que la dictadura cubana confiscó a Diego Cosme Trinidad Valdés, y por la que ahora reclama su heredero, Diego Trinidad.
No es la primera demanda que sufren intereses españoles en Cuba tras la entrada en vigor completa de Helms-Burton, una de las medidas de presión que la Administración Trump ha impuesto a Cuba. A mediados de este mes, la familia Sánchez Gil presentó una demanda en España por diez millones de euros contra Meliá por dos hoteles operados en lo que fue su propiedad hasta 1960.
En el caso de Barceló e Iberostar, la demanda todavía no detalla una exigencia de compensación, que se concretará cuando se incluya a las compañías en ella. Malave explica que Helms-Burton “permite exigir que se compense por el precio que tiene la propiedad hoy en día” pero en el caso de que no se acuerde una compensación en el plazo de treinta días, se puede pedir “tres veces ese monto”.