Con carteles en los que se leían mensajes como “Gobernados por un grupo de delincuentes, basta ya” o “Ni un minuto más de opresión y dictadura, basta ya”, algunos asistentes se manifestaron en contra del Estado venezolano cuando su representante inició la intervención.
Con otras pancartas una pareja pedía “no más persecuciones a líderes políticos” y aseguraban también que, 54 % de los niños podrían morir por desnutrición en Venezuela.
En la primera audiencia sobre el país caribeño como parte del 167 período de sesiones de la CIDH, denominada “Empresas y derechos humanos en Venezuela”, la representante de la sociedad civil Lucrecia Hernández denunció hostigamientos a las ONG y violaciones a múltiples derechos por parte de empresas mixtas y privadas.
“En Venezuela se han comprobado prácticas de discriminación en colegios por el pago de las matrículas y se ejerce presión para el retiro del niño del centro educativo al no pagar, persiguen por motivos de religión, en el ámbito de salud hemos identificado prácticas de las empresas privadas para el ingreso a clínicas con una clave”, manifestó Hernández.
La representante afirmó que en el país caribeño la Constitución señalba que el Estado está obligado a sancionar e investigar los delitos cometidos por sus entidades y a indemnizar las violaciones de Derechos Humanos. Recordó que estos tienen la responsabilidad primaria.
Por su parte, el Estado venezolano, encabezado por el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, afirmó que desde el gobierno se aplican controles contra las empresas privadas para velar por los derechos de la población.
Afirmó que se presentan retos ya que los empresarios sienten que con esto se vulneran sus derechos.
“Hay una medida cautelar dictada contra el principal empresario de distribución de alimentos y uno de los alegatos que hace es que es permanentemente supervisado por el Estado, esto se hace con el fin de garantizar los alimentos que elabora y distribuye”, comentó.
Lucrecia Hernández solicitó al Estado que incluya en la Constitución las obligaciones de empresas privadas para que se respeten y garanticen los Derechos Humanos; instó a la CIDH a desarrollar elementos jurídicamente vinculantes.
