El 28 de diciembre de 2006 el, para entonces, presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la no renovación de la concesión radioeléctrica al canal de televisión venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV). La medida sería a partir del 28 de mayo de 2007.
El lunes 21 de mayo de 2007, una gran movilización de periodistas y ciudadanos venezolanos opositores tomaron las calles para protestar en contra de la medida bajo la consigna “S.O.S. Libertad de Expresión” y el 27 de mayo se desató un violento disturbio en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Las protestas inundaron la capital venezolana y varias grandes ciudades del país. Numerosos organismos internacionales rechazaron la medida y tomaron pronunciamientos contundentes al respecto, como por ejemplo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas y la Human Rights Foundation.
La no concesión implicó que el Gobierno Nacional no renovara la licencia a RCTV para operar y difundir en Venezuela su programación, ya que el Estado se arroga la administración del espacio radioeléctrico.
La decisión gubernamental de suspender la transmisión del canal de 53 años y el de mayor audiencia en Venezuela, estuvo fundada en la premisa de que este apoyó el golpe de estado de abril del 2002, esencialmente por las declaraciones del vicealmirante Víctor Ramírez, quien declaró a Venevisión que: “Teníamos un arma mortal: los medios”, extraídas de un reporte realizado por la agencia de noticias Reuters.
Chávez aseveró que RCTV incitó los hechos que condujeron a su derrocamiento, cuando en la masacre del 11 de abril el canal transmitió los disturbios y no acató la Cadena Nacional de Radio y Televisión, al dividir su pantalla para mostrar los audiovisuales de los hechos. Sin embargo, no cubrió su regreso al poder, en lugar de ello colocó en la programación dibujos animados. Adicionalmente, durante el derrocamiento, difundió propagandas para llamar a su renuncia.
El pasado 20 de mayo (2014), la SIP pidió a la CIDH fallar en contra del Estado de Venezuela por haber cerrado en forma ilegal a RCTV, a través de su presidenta Elizabeth Ballantine:
“Invito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de RCTV y no reparar el daño en represalia por su línea editorial, es una flagrante violación a los principios de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana”.
A continuación una galería de las imágenes más relevantes sobre el caso RCTV:
