(A Todo Momento) — Es lo que el periodista y consultor de seguridad nacional estadounidense Douglas Farah, en su informe presentado la semana pasada en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington, define como “La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”, en la que identifica a 176 compañías y a 181 individuos y que tiene ramificaciones en al menos 26 países, entre ellos España.
Según el autor, es la que hace posible que Maduro siga resistiendo el cerco al que le están sometiendo las sanciones financieras de la administración norteamericana.
Por Julio Fariñas | La Voz de Galicia
No es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. Así lo están corroborando las investigaciones judiciales abiertas en distintos países.
El 26 de julio de 2018, 12 individuos vinculados con PDVSA fueron acusados en el Distrito Sur de Florida por conspiración de lavar 1.200 millones, desde la compañía hacia bancos, casas de bolsa y compañías de inversión en bienes raíces en los Estado Unidos. La denuncia criminal detalló al menos una tipología de las múltiples que utiliza el gobierno venezolano para mover sumas significativas de dinero a puerto seguro durante la última década.
Más recientemente, concretamente el pasado 20 de mayo, saltaba en España la investigación en la que aparecen involucrados por presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA el ex embajador de España en Caracas durante el primer gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, su hijo, su nuera y otros allegados a la familia.
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Morodo, que llegó a la Embajada de España en Caracas a instancias de su ex-compañero de despacho en Madrid, José Bono, logró alcanzar tal sintonía con el difunto comandante -el principal artífice de la Empresa Criminal Bolivariana- que solía compartir mesa y mantel con él en el palacio presidencial de Miraflores, donde el anfitrión le alegraba el paladar con un exclusivo Vega Sicilia, regalo del amigo Fidel. Entre trago y trago pudo haberse fraguado el contrato de las patrulleras vendidas por España que fue a firmar a Caracas en el año 2005 el mismísimo Bono, a la sazón ministro de Defensa y que luego acabó como acabó.
Esta multinacional criminal, según el autor, tiene como epicentro la petrolera estatal PDVSA y ha servido para blanquear entre 10.000 y 43.000 millones de dólares sustraídos al erario público venezolano, solo entre los años 2007 y 2015.
El informe que recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países, complementado con el análisis de fuentes públicas y datos abiertos, corrobora y amplía el estudio presentado hace un año por Insght Crime -una ONG especializada en la investigación del crimen organizado en América Latina- y el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado en el que se identificaban a 123 funcionarios, todos ellos altos cargos públicos venezolanos, como involucrados en actividades criminales que van desde el contrabando de combustible al tráfico de cocaína, pasando por la venta ilegal de alimentos y medicinas.
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La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana cuyas bases se empezaron a montar con la llegada de Chávez al poder en 1998, bajo la inspiración de Fidel Castro, con el Socialismo del siglo XXI como banderín de enganche, involucró, en mayor o menor medida, a los denominados países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Granada, Federación de San Cristóbal y Nieves, Haití y Venezuela . También, aunque en menor grado, a otros de la región como Ecuador, El Salvador, Argentina y Brasil. Según el autor.
Su modus operandi, según Douglas Farth, empezó a funcionar con las ventas falsas de petróleo. PDVSA aparece como accionista mayoritaria en varias petroleras subsidiarias de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. Esta posee el 60% de ALBA Petróleos en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.
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El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Albinsa, la subsidiaria nicaragüense, según el informe, recibió 6.000 millones de fondos ilícitos durante la última década que anualmente suponían el 20 % del presupuesto nacional, pero nunca fueron sometidos a control contable alguno por el Congreso, porque eran manejados por las élites políticas del entorno de Daniel Ortega, a través de empresas de fachada con sede en Panamá y otros paraísos fiscales. Teóricamente invertían en proyectos de bienes y servicios que nunca existieron en la realidad.
Los proyectos de infraestructura falsos se han convertido en otro eficiente método de robo y blanqueo de dineros públicos en el país. Douglas Farth relata como Chávez y Ortega colocaron en el año 2007 la primera piedra de una refinería en Nicaragua para tratar el petróleo pesado de PDVSA. En este proyecto, bautizado como “El Supremo Sueño de Bolívar», con un presupuesto de 7.600 millones de dólares, desde entonces, sobre el papel, PDVSA y Albinsa destinaron al proyecto cerca de 500 millones de dólares, pero nueve años más tarde en el solar destinado a tal fin, el autor del informe que visitó el lugar solo encontró «un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera».
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Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó, la construcción de una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna y docenas de otras empresas fantasmas en toda la región.
El control de cambios impuesto por Chávez en la década pasada permitió a la élite corrupta del régimen obtener ingentes cantidades de divisas -dólares y euros, fundamentalmente- que entraban en el país por la venta de petróleo. Este fue otro de los grandes negocios criminales del chavismo. Las obtenían a un tipo de cambio preferencial, teóricamente para el pago de importaciones de bienes y servicios, pero luego las vendían en el mercado negro nacional donde el bolívar iba valiendo menos cada día como consecuencia de la inflación galopante, Los cuantiosos beneficios obtenidos eran invertidos en el exterior -Estados Unidos fundamentalmente, pero también en otros países como España- en la compra de bienes raíces o de otros valores, más difíciles de rastrear que el dinero en efectivo.
A medida que fue descendiendo la entrada de petrodólares por la caída del precio del crudo en el mercado internacional y de la producción, por la falta de inversiones en la infraestructura productiva, creció el interés de estos grupos por el tráfico de cocaína, por el oro y otros minerales de alto valor comercial, como el uranio y el coltán, procedentes de la minería ilegal.
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El progresivo incremento de las sanciones financieras a las que está siendo sometido el régimen de Maduro, ha convertido la minería ilegal en una de las principales vías de blanqueo y obtención de efectivo, fundamentalmente destinado a la compra de voluntades y fidelidades.
Solo el pasado año, según el aludido informe, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, parte del mismo terminó bastante lejos, en Uganda. Dado que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por los grupos disidentes de la FARC y el ELN.
La última tipología financiera delictiva explorada en el informe reseñado se basa en las transferencias banco a banco. La abundancia de recursos pasando por PDVSA y ALBA forzó a la empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para estados involucrados en actividades delictivas. En un caso, Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado nicaragüense. Este banco estaba directamente controlado por el presidente Ortega y un grupo de sus más cercanos cómplices en los negocios financieros, los que ya controlaban el consorcio Albanisa.