21 cuerpos policiales han sido intervenidos en los últimos tres años

Algunas policías son tomadas por directivas militares, hecho que viola principios constitucionales.

Desde el año 2014 han sido intervenidos un total de 21 cuerpos policiales en todo el territorio nacional. La justificación para dicho proceso es la participación de sus efectivos  en actos delictivos o violatorios de los derechos humanos. No obstante, existen denuncias recurrentes contra la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por las mismas irregularidades, pero las mismas no han motivado una medida  similar.

Analistas en el área de  seguridad señalan que la intervención de los cuerpos policiales en Venezuela no representa una solución al problema de las desviaciones delictivas en los organismos policiales. El abogado y criminólogo  Javier Gorriño considera que esta medida solo “empeora sus labores preventivas y crea vicios”.

En los últimos tres años han sido intervenidas las policías regionales de los estados Sucre, Amazonas, Bolívar, Miranda y Lara. Además, de 16 cuerpos municipales, integrados por Poliacevedo, Polibrión, Polizamora, Polimaturín, Polilagunillas, Polichacao, Policharallave, Poliheres, Policeiba, Polimachiques, PoliMaracaibo, Polisanfrancisco, Polibaralt, PoliSandiego, Policúa y Polinaguanagua.

Directivos militares

Es común ver como las policías son dirigidas por militares después que son intervenidas. Este caso se evidenció directamente en la toma de PoliMiranda, donde toda su directiva pasó a ser completamente militar.

Esta acción es un acto ilegal, según lo estipulado en  en el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde reza que los órganos de seguridad ciudadana deben ser de carácter civil.

La presencia de militares al mando de los cuerpos policiales también va en contra de lo establecido por el informe de  seguridad  ciudadana de la  Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El texto indica que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana, y solo están capacitados para el resguardo de la soberanía nacional.

PoliChacao

La policía del municipio Chacao fue intervenida después de que dos efectivos de dicho cuerpo policial estuvieran presuntamente inmersos el asesinato del Mayor General retirado, Félix Velásquez, ocurrida el 28 de mayo el 2016 en Santa Mónica.

A más de un año de investigaciones, el pasado  6 de marzo, se publicó en Gaceta Oficial   la tercera prórroga de  su intervención, a la cual todavía le quedan tres meses de vigencia.

Para el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, la policía municipal no fue intervenida por razones técnicas, puesto que los argumentos presentados no estaban vinculados con la situación del cuerpo policial. A su juicio, la medida obedece a motivos netamente políticos.

Últimas intervenciones

En los últimos 30 días las policías regionales de los estados Miranda y Lara han sido intervenidas por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, bajo el argumento de que dichos cuerpos no ejercían su fuerza en el control de las manifestaciones, además de violaciones a los derechos humanos y participación en delitos.

Una de las principales acciones ejecutadas luego de la intervención  ha sido  el traslado de detenidos que se encontraban en los calabozos de las policías a cárceles nacionales.

Aunque la ex ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se había negado anteriormente a dar cupos a reclusos larenses, luego de la intervención de la institución, otorgó 375 pases.

En el caso de Polimiranda tampoco se le habían facilitado  cupos para los traslados. A principios de junio el   director de dicho organismo, comisario general Elisio Guzmán  había denunciado que desde hace  un año no se habían autorizado traslados a las cárceles nacionales, y que en 2016 solo les aprobaron 32 traslados.

Para el comisario Elisio Guzmán “los presos de Polimiranda están condenados a morir”. En menos de un año han fallecido dos detenidos por adquirir tuberculosis en los calabozos de la policía regional.

No es necesario intervenir

El abogado penalista Luis Izquiel, indica que no se justifica la intervención de los cuerpos policiales cuando sus efectivos incurren en delitos. Esto debido a que la responsabilidad penal de cada ciudadano es individual, y de esa forma tiene que tratarse.

 El experto penalista también asegura que la medida no ayuda en nada a solucionar el problema delictivo en los organismos, así como se  ha visto reflejado en los flagelos reiterados cometidos por funcionarios de policías que llevan años bajo el  mando del Ministerio de Interior y Justicia.

Izquiel señala  la centralización de las policías como otro de los problemas que trae dicha acción. A su juicio, son los gobernadores y los alcaldes los que conocen directamente los problemas de seguridad de su jurisdicción. “Intervenir no mejora en ningún sentido la operatividad de los cuerpos”.

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