El abogado y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, emplazó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, a explicar en un debate público, la tardanza en el pronunciamiento sobre 43 fallecidos, 900 heridos, 2.000 ciudadanos bajo régimen de presentación, 3.007 detenciones sin orden judicial.
Narváez aseguró que no hay investigaciones sobre los homicidios de Adriana Urquiola, Bassil da Costa, Jimmy Vargas, Génesis Carmona, Robert Redman y Geraldine Moreno: “Han sido diez meses de total impunidad”.
El jurista denunció que grupos armados irrumpieron violentamente contra protestas y que 330 Guardias Nacionales estuvieron implicados en tratos crueles. “Reto a la Fiscal a un debate de altura, que discutamos el Código Orgánico Procesal Penal antes de pensar en su reelección. No es posible que una gestión de esta funcionaria esté tan lejos de la justicia y también la de la Defensoría del Pueblo, que esta lejos de defender Derechos Humanos. No merece repetir en el cargo mientras hay víctimas y sus familiares, quienes no tendrán navidad porque sus hijos están torturados, maltratados o muertos y también hay quienes perdieron la vida por el hampa y no ha habido justicia” señaló.
Se refirió también a los 124 funcionarios policiales que perdieron la vida en lo que va de año, solo en la Gran Caracas, casos de los que se desconocen investigaciones penales; así como también a unas 86 mujeres asesinadas por el hampa.
Calificó como “una cuna de la muerte” a la morgue de Bello Monte e indicó que al recinto ingresan un promedio mensual de 400 cadáveres por asesinatos, de los cuales el 80% ocurren con armas de fuego: “Ningún Ministro ha tenido la valentía de desarmar delincuentes. La ministra de Justicia desapareció luego de juramentarse. Los poderes públicos son aliados del hampa”.
Solicitó a Ortega Díaz y a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a acudir a la cárcel de Uribana, recinto en el que recientemente fallecieron 40 reclusos tras presuntamente ingerir cócteles tóxicos.
“La violación de DDHH es sistemática. No hay la posibilidad de que el Poder Judicial sentencie a tiempo. No hay tras las rejas ningún responsable por haber violentado el derecho a la vida. Diez meses después de las protestas, es un día gris para los Derechos Humanos pues reina la impunidad” concluyó.
Vía El Nacional.