Miembros del Foro Penal en Táchira presentaron un informe en el que advierten que personas que han sido objeto de detención en el estado por protestas están siendo obligadas a firmar constancias en las que niegan haber sido objeto de vejámenes o lesiones durante los procedimientos.
“Luego de que los muchachos han sido golpeados, agredidos o víctimas de una detención arbitraria los hacen firmar estas constancias, sin la presencia de su abogado y bajo coacción. Eso lo han hecho organismos como la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y la policía regional. Tenemos en muchas causas ese tipo de actas”, dijo Raquel Sánchez, vocera de Foro Penal Táchira.
Indicó también que una cosa es que a un detenido se le lean los derechos y otra muy distinta es que hagan efectivos esos derechos.
“Si a usted le dicen que tiene derecho a una llamada y no se concreta, y que tiene derecho a la defensa desde el momento de la detención y no le permiten verlo a su abogado, ese derecho no es efectivo”, explicó.
En el informe señalan además que han registrado seis casos de personas que se presentaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para hacer denuncias sobre violación de derechos humanos y se les negó el trámite con el argumento de que esa diligencia no era de su competencia.
También comentó el caso de cinco personas que permanecen detenidas en varias dependencias de la localidad de Colón, municipio Ayacucho, al norte del Táchira, porque sus funcionarios aprehensores han obligado a que denuncien a la defensa privada.
“Esto es violatorio a toda norma de índole procesal penal”, dijo Sánchez, quien agregó que la constante que se registra en las detenciones desde el 4 de febrero es la incomunicación de las personas. Explicó que se restringe u obstaculiza la comunicación entre el detenido y sus abogados y parientes.
La vocera del Foro Penal en Táchira señalo que advirtieron a la Defensoría del Pueblo el levantamiento de actas con datos fraudulentos. Un caso de ello es la detención de 12 personas en el boulevard de la Universidad Católica del Táchira, entre los que se encontraba Angelly Pernía. El acta policial señaló que estaban atacando a la Residencia Oficial de Gobernadores, inmueble ubicado a cuatro cuadras de la UCAT.
El dato
Desde el 4 de febrero 282 personas han sido presentadas en tribunales de control, 17 han quedado privadas de libertad y 5 han quedado en libertad plena. Cinco han denunciado torturas y los casos han sido reportados en la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
Texto: Con información de El Nacional