Salir de la dictadura y anular las quintas columnas, por Elio Pepe Trifance

(A Todo Momento) – La grave crisis institucional que agobia el país requiere enfrentar en firme dos prioridades: salir de la dictadura castro-comunista-bolivariana y anular las quintas columnas infiltradas en los movimientos democráticos.

Sumus ad iustitia nati, nequeopinion, sed natura constitum es ius”, es decir: “Hemos nacido para perseguir la justicia; la esencia del derecho no se debe buscar en las opiniones, sino en la misma naturaleza de la cual es constituido”, y que en cualquier caso debe imponerse en la visión y en el comportamiento de la política y sus relaciones con el Estado.

La afirmación de este principio no es una opinión, sino un imperativo categórico por el cual ninguna determinación democrática puede prevaricar el espíritu del derecho, su esencia y estructura definida en la carta magna por una asamblea constituyente conforme con los preceptos constitucionales, postulada con el consenso general por la voluntad de Hugo Chávez Frías, quien en su toma de posesión del poder presidencial había juramentado en 1999 sobre una “Constitución moribunda”, la de 1961.

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Por el contrario, ahora, sin algún cumplimiento jurídico y en oposición a la manifiesta mayoría de la voluntad popular, la sobrevenida exigencia de una “contrarrevolución” para una diferente y anticonstitucional gestión del poder, funcional para finalidades subalternas, contrarias a los intereses de la comunidad nacional y relacionadas con la permanencia en el ejercicio del poder de narcotraficantes, terroristas y un régimen político antidemocrático y dictatorial, dependiente de Cuba y sostenido por una Fuerza Armada que hace caso omiso del juramento de fidelidad a la República y de los vínculos institucionales definidos en los artículos 328 y 330 de la Constitución de 1999, se ha promovido una constituyente con el objetivo fundamental de destituir la Asamblea Nacional elegida el 6D de 2015 y controlada por la oposición.

El Ejecutivo Nacional persevera en el intento de transformar la ilegitimidad ética  de estas finalidades, que perjudican la identidad y soberanía del Estado, en una legitimidad jurídica del cambio aportado a la conducción política del país mediante la aplicación arbitraria del sistema social comunista que por las revelaciones y admisiones de Smartmatic sobre el manejo del sistema electoral automatizado, nunca tuvo una mayoría expresión de la voluntad de los venezolanos.

Esta triste página  de la historia seudodemocrática de la nación tuvo una importante excepción cuando, con “gran sabiduría política”, la oposición no participó en las elecciones para la Asamblea Nacional.

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En aquel entonces, constituida solo con los representantes de la revolución bolivariana, tuvo la Asamblea Nacional la oportunidad de desempeñar sus actividades por cuatro años consecutivos sin ejercer algún control al Ejecutivo, sino más bien quedando como su instrumento pasivo.

Llegó hasta renunciar en muchas circunstancias a sus funciones legislativas al delegar al mismo Ejecutivo tal desempeño institucional mediante la Ley Habilitante.

Sin embargo, los errores y horrores técnicos y administrativos, los incumplimientos, las omisiones, la corrupción generalizada, la hiperinflación, la política cambiaria y monetaria, la depreciación del poder adquisitivo de la moneda, la falta de alimentos y medicamentos, han creado condiciones de crisis por las cuales la voluntad popular revirtió la estructura del Poder Legislativo, esperando en el cumplimiento de las obligaciones definidas por la Constitución de 1999.

Pero la “gerencia” de la nueva Asamblea Nacional, integrada en gran parte por las mismas personas que habían demostrado la citada “sabiduría política”, deludió las expectativas: no logró defender frente al CNE las elecciones de tres diputados de Amazonas,  perdiendo así la mayoría calificada; no obtuvo una rendición de las cuentas públicas de la nación como acto debido del Ejecutivo Nacional; no realizó los nombramientos de su competencia de un nuevo CNE, de un nuevo fiscal de la República, de un nuevo defensor del pueblo; y cuando decidió designar los nuevos magistrados del TSJ, fueron desconocidos en el cargo y perseguidos.

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La contraposición política entre el Ejecutivo Nacional y oposición se ha transformado en un conflicto entre instituciones, en el que el órgano elegido (AN) fue doblegado y sometido por instituciones designadas a dedo: definitivamente se ha destruido el Estado de Derecho y el concepto de Estado democrático.

La instalación de la asamblea constituyente en el Palacio Legislativo ya ha producido la destitución de la fiscal general de la República y en las próximas horas disolverá la Asamblea Nacional. No obstante, por el voto popular mayoritario que la ha elegido, queda como referencia precisa de una oposición de 80% de la población venezolana a la dictadura.

El Ejecutivo Nacional continuará  y acentuará la represión. Pero los factores económicos, la presión de la calle más determinada e insistente y la definición internacional de muchas de las posibles sanciones reducirán las dimensiones de la actual euforia de la dictadura a un repensamiento obligado: el aislamiento tendrá  consecuencias sobre la población, pero especialmente sobre los factores de apoyo y proxenetas de la dictadura.

Por consiguiente, serán obligadas transacciones siempre más reducidas para la salida de la dictadura y sucesivos procesos gubernamentales de transición para restaurar un orden democrático aceptable para las partes.

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Pero, en el grado de inacción política al cual han sido reducidos por la estrategia aplicada por el Ejecutivo Nacional sin ningún respeto del Estado de Derecho, de las normas constitucionales y de los derechos humanos, inducen los que ya han demostrado en el pasado reciente y en el pasado remoto su capacidad política a afirmar perentoriamente que se debe participar en las elecciones de gobernadores: esta pretensa participativa en las condiciones de la confrontación actual no asume el valor de una presencia cualificante siempre importante en la lucha política, sino de soporte para el Ejecutivo Nacional.

Independientemente del cultivo del propio conuco y sin que tenga importancia la posible sucesiva destitución, la inscripción de candidatos ante el actual CNE asume solo y exclusivamente el reconocimiento y legitimación de una institución írrita en su función institucional, tanto a nivel nacional como internacional.

Los que tienen pretensiones de esta naturaleza, tanto en relación con la expectativa política como ambiciones personales, podrán satisfacerlas cuando la evolución del período de transición haya creado las condiciones para que cualquier tipo de elección se realice en libertad y con transparencia.

Por ahora representa solo cinismo, falta de sensibilidad, irrespeto, vilipendio a la memoria de los mártires sacrificados por la dictadura para permanecer en el poder y una burla y ofensa al dolor de las madres, esposas e hijos de los venezolanos que han perdido sus seres queridos y compatriotas que donado su vida a la lucha para la conquista de la identidad, soberanía e independencia de la nación.

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