(A Todo Momento)— La confrontación y la consecuente represión son las formas como Maduro y su régimen hacen y entienden la política y, por tanto, esa ha sido la manera que el tiranuelo de Miraflores ha escogido para ejercer la Presidencia de la nación.
Además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por el gobierno a nivel internacional y en el plano interno, se suma ahora la imposición al país, sin el procedimiento establecido por la Constitución, sin votos que la respalden y solo por la fuerza de las armas, una ilegal y fraudulenta “constituyente” concebida maquiavélicamente para que legisle básicamente para satisfacer las necesidades hegemónicas del proyecto político del régimen; tengamos la certeza que irresponsablemente jamás lo hará para atender y resolver los acuciantes problemas que atosigan a los venezolanos.
En tal sentido y como materia prioritaria y debido a la imperiosa necesidad del gobierno de obtener recursos externos para atender sus compromisos, la “constituyente”, además de defenestrar a la fiscal general, tratará de modificar las previsiones constitucionales para solicitar y obtener endeudamiento externo, según las cuales la legítima Asamblea Nacional debe aprobarlo antes de suscribir el contrato de préstamo respectivo; y que en caso de que así no fuera la nación desconocerá los empréstitos externos contratados sin la mencionada aprobación.
La comunidad financiera internacional conoce estas disposiciones constitucionales y ha demostrado fehacientemente que no está dispuesta a prestarle al actual gobierno de Venezuela en las condiciones que pretende el régimen. Pero lo más grave de este asunto es que no sabemos, a fe cierta, para qué fines se utilizarán los recursos de financiamiento que el régimen se propone obtener, mediante la emisión y colocación de papeles de la República.
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El desboque del proceso inflacionario, la creciente devaluación del bolívar, la destrucción del aparato industrial, el ineficiente control cambiario, el acelerado crecimiento del gasto público, el consecuente desorden fiscal, la contracción que se viene operando en el crecimiento del producto interno bruto son algunos de los indicadores que dramáticamente muestran el fracaso e inoperancia del modelo económico gubernamental. Se profundizan los desequilibrios señalados a un costo creciente per cápita. Por otra parte, los profundos desequilibrios que experimenta la economía venezolana deberían ser abordados por el gobierno con un plan económico asertivo y profundo que articule políticas públicas adecuadas para resolver los problemas planteados. Pero no imaginemos escenarios imposibles; todos sabemos que el régimen no cambiará la actitud destructiva y de confrontación que ha mantenido frente a la economía nacional a lo largo de 18 años y que el régimen postergará, hasta quién sabe cuándo, los inevitables ajustes macroeconómicos que debe asumir.
Las encuestas de opinión muestran un creciente desagrado de la población ante la pésima gestión de Maduro. Dicho desagrado se traduce en un gran rechazo popular a su régimen y a sus ejecutorias. Esto último es, a nuestro juicio, la razón fundamental que explica la urgencia del gobierno para obtener endeudamiento externo y así tratar de posponer las medidas de ajustes a la economía que le exigen la situación de los precios del petróleo y el consecuente decremento de los recursos fiscales, por tanto, hacen injustificable y criminalmente irresponsable que se proponga incrementar el endeudamiento público externo, sin beneficio alguno para el país.
Financiar, a costos crecientes, por el aumento del riesgo país, los graves desajustes de la economía nacional en un ambiente de franco deterioro del régimen y de profundo malestar y decepción colectivas por la falta de realizaciones del gobierno, es una empresa de enorme envergadura porque demanda grandes apoyos políticos internos y la confianza de la comunidad financiera internacional. En consecuencia y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno con la falta de escrúpulos que lo caracteriza ha decidido imponer por vía de la fuerza, que no de la racionalidad, las medidas que le faciliten un importante flujo de caja para sus actividades, sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales que ello acarrea. Es evidente que los organismos responsables de la gestión financiera pública deberían oponerse a tal desaguisado, pero, como la independencia de poderes no existe, el gobierno seguirá actuando con irresponsable impunidad.
Afortunadamente, la voluntad por el cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos, hastiados de la corrupción, del favoritismo político a sus incondicionales, de la caída de la inversión privada, de la ineficiente y gigantesca burocracia, la creciente deuda pública, el incremento del desempleo y la terrible decadencia impuestas desde Miraflores, nos indica que el fin del régimen está cerca y, en ese entonces, se abrirá la irrenunciable y acuciante obligación para todos los ciudadanos de elegir un nuevo gobierno y entregar a otras capacidades la inmensa tarea de corregir estos entuertos, conducir y reconstruir nuestra sufrida nación.
Vía El Nacional