¿Legitimación de capitales?

Por Héctor Faúndez

Hace pocos días, Colin Kaepernick, un jugador de rugby, generó, en Estados Unidos, una intensa polémica por negarse a rendir honores al himno y a la bandera de ese país, como protesta en contra de la violencia policial practicada en contra de los negros; otros deportistas estadounidenses también se han sumado a esa forma de protestar.

Sin embargo, ese gesto no ha sido objeto de acoso o de persecución sino que, muy por el contrario, ha sido reconocido como parte del legítimo derecho a protestar; distintas personalidades, incluido el presidente Barack Obama, se apresuraron a salir en defensa de la libertad de expresión y del derecho de todos a manifestar sus opiniones en la forma que consideren apropiada. Pero, en la Venezuela de hoy, eso está lejos de ser la regla.

Este gobierno, a través de la Fiscalía General de la República, los tribunales de justicia y sus otras dependencias, ha sido incapaz de iniciar las investigaciones pertinentes en el caso de funcionarios públicos que no pueden explicar el origen de sus fortunas aquí y en el exterior; a pesar de la amplia y documentada cobertura de medios internacionales, tampoco se ha abierto una investigación en el caso de denuncias de narcotráfico que llegan hasta la cúpula del poder.

Sin embargo, con el pretexto de la legitimación de capitales, este gobierno ha encarcelado a Braulio Jatar, director de un medio de comunicación social, que acababa de publicar un vídeo en el que un grupo de ciudadanos manifestaba su repudio a Nicolás Maduro, abucheándolo y obligándolo a retirarse de un barrio chavista en la isla de Margarita. Jatar fue detenido justo cuando se dirigía a difundir mayor información sobre ese cacerolazo a Maduro.

No es mera casualidad que, una vez más, se arremeta en contra de quienes no están dispuestos a doblar la cerviz ante el régimen de terror instaurado por Hugo Chávez y continuado por su hijo putativo.

Venezuela se ha comprometido a respetar y garantizar el derecho de todos a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Pero, durante este régimen, además de las numerosas demandas por difamación en contra de periodistas, se ha recurrido a la agresión física en contra de los trabajadores de la prensa, se ha cerrado plantas televisoras y radiodifusoras, y se ha amenazado a accionistas o dueños de medios de comunicación social para que vendan dichos medios a los testaferros del gobierno.

En el caso del empresario Nelson Mezerhane, su negativa a vender su participación en Globovisión le costó la intervención y confiscación del banco fundado por él, seguido de una acusación penal y otras represalias que lo obligaron a abandonar el país.

El periódico El Nacional, cuya historia está ligada a la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, y cuyos fundadores asociaron su nombre a la defensa de los valores democráticos en el continente, sin que se les pueda vincular con aventuras fascistas, también ha sido víctima de las acciones vandálicas emprendidas por sicarios enviados por quienes no tienen el valor de dar la cara para lanzar ellos mismos, a las puertas de la sede de este periódico, toda la inmundicia que tienen en sus cabezas. Mientras tanto, otros medios impresos han tenido que cerrar sus puertas por falta de papel.

Frente a esta nueva arremetida en contra de la libertad de expresión y de quienes ejercen el derecho a difundir información de interés público, no es difícil entender qué hay detrás de la detención de Braulio Jatar.

De lo que se trata es de imponer la censura por vías o medios indirectos, acusando a los ciudadanos de delitos inexistentes para justificar las iniquidades de una dictadura que ya no puede disimular su condición de tal. Su problema es que ya los venezolanos le han perdido el miedo.

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