Miguel Henrique Otero | La corrupción roja: más numerosa, más extendida y más profunda

El debate sobre la corrupción tiene carácter planetario. Con algunas dignas excepciones, los delitos de apropiación de los dineros públicos exacerban el malestar de los ciudadanos en la mayoría de los países. Centros académicos y gobiernos han entendido que la corrupción puede ser un factor tremendamente corrosivo para el sistema democrático. La rabia que provoca en los ciudadanos, no solo por el enriquecimiento ilegal, sino también a causa de la impunidad con que ocurre en algunos casos, genera reacciones culturales, sociales y políticas que también son, por su parte, alarmantes.

La corrupción, en primer lugar, plantea un problema de responsabilidades: en lo esencial, en las democracias se trata de casos específicos. Una de las más nefastas consecuencias del fenómeno es la generalización que provoca: aunque se trate de hechos delimitados se produce una tendencia al señalamiento amplio. En la mayoría de los casos, la corrupción es individual. Ilícitos en los que participan un número determinado de personas que son materia del derecho penal.

Ante estos primeros enunciados, ¿cabe señalar la existencia de regímenes que, en su conjunto, salvo las excepciones individuales de rigor, sean estructuralmente corruptos? Sí. Sin duda alguna. Las dictaduras, de izquierda o derecha, en todo tiempo y lugar, tienden a la corrupción. En la medida en que ocurren los dos procesos fundamentales de toda dictadura: la destrucción de los mecanismos de control y equilibrio de poderes y el establecimiento del objetivo de gobernar de forma permanente, la corrupción pasa de ser una práctica de personas a una práctica del régimen.

La eliminación de los controles, la diseminación de un ambiente de impunidad, el castigo a los que denuncian, el aplauso público a los que delinquen, la descalificación de pruebas y evidencias, el archivo de los expedientes, la concentración de decisiones y presupuestos en unas pocas manos, la normalización del nepotismo, la partidización del sistema judicial, la penetración por el narcotráfico de autoridades, policías, jueces y ministros, la protección que el alto poder ejerce sobre sus cachorros delincuentes, cada uno de estos elementos no opera de forma aislada: constituyen una trama, un inmenso y cada vez más poderoso e influyente manto que, en el caso de Venezuela, es una mezcla en la cual corruptos y narcotraficantes conviven y comparten las cuotas más importantes del poder.

Lo afirmo de modo tajante: el régimen chavista-madurista es, mental y operativamente, corrupto. Ha sido diseñado para corromper el conjunto de las funciones públicas. No hay en nuestro país ningún ámbito que no haya sido y no sea ahora mismo pasto de corruptelas. Piense el lector: los controles y el otorgamiento de divisas; el destino de las empresas expropiadas; la importación de alimentos, medicamentos y miles de otros bienes; los contratos de obras públicas –donde Odebrecht destaca por la magnitud de sus comisiones–; el reparto de viviendas, subsidios y otras prebendas; los sistemas de distribución de alimentos; los pagos a sindicalistas para ingresar a Pdvsa; el insólito tráfico de dinero y mercancías que son las cárceles –los centros penitenciarios son verdaderos centros de transacciones y comercios en los que participan presos, pranes, custodios, uniformados y autoridades–; las aduanas, el Saime; los servicios de salud, de educación y más. La noticia según la cual hay que pagar a funcionarios de las morgues para que entreguen los cadáveres a sus deudos es un rostro más de la expansión ilimitada de la corrupción promovida por el régimen.

A eso se refiere el título de este artículo: a que la corrupción en Venezuela tiene dimensiones, así lo creo, que sobrepasan todo antecedente y medida. Hay países donde 10 y hasta 20 casos de corrupción ocupan la atención de las autoridades y la opinión pública. En ningún caso menoscabaré la gravedad de lo que ello significa. Pero esos casos siguen siendo el resultado de la actuación de personas delincuentes y no una política de Estado.

La corrupción en Venezuela, en colusión con el narcotráfico, es una política de Estado: visible, protuberante, recurrente, impune, extendida, axial. Recorre la administración pública en todas las direcciones. Nada escapa de ella. No se limita a sobreprecios, pago de comisiones, facturas que se emiten sin soporte, pagos de importaciones que no existen, compra a precios exorbitantes de alimentos vencidos o podridos, y un largo etcétera. La revolución bolivariana no es solo una dictadura. También es el asalto a todos los bienes públicos, financieros, institucionales, culturales y sociales, por casi dos décadas. La destrucción de Venezuela es el resultado de un vasto programa de corruptelas sin límites. La reconstrucción del tejido moral de Venezuela es una de las más decisivas tareas que los demócratas tenemos por delante.

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