¿Por qué guardaron silencio la fiscal Luisa Ortega Díaz y las magistradas Carmen Zuleta y Marjorie Calderón cuando el experto de la ONU Yuval Shanny requirió información sobre la prohibición de salida del país que afecta a 22 directivos de 3 medios de comunicación? Una respuesta sobre esa actitud de las representantes del Estado ante el examen del organismo multilateral la esbozó Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional.
Considera que se quedaron calladas porque no tienen cómo responder por las irregularidades y arbitrariedades de ese juicio que se reflejan en las siguientes interrogantes: ¿cómo explican que las medidas cautelares fueron tomadas antes de citar a los acusados y antes de la audiencia preliminar, que por cierto todavía no se hace?; ¿cómo explican que la demanda se haya fundamentado en un hecho supuestamente falso, que es la investigación abierta por un fiscal federal del estado de Nueva York y fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos?; ¿cómo se explica la violación del debido proceso?
Argumentó que tampoco hay respuestas para: ¿cómo se explican las medidas cautelares a la junta directiva y consejo editorial?; ¿cómo se explica que Diosdado Cabello prácticamente le da instrucciones al juez en su programa de televisión?; ¿cómo se explica la posición de la presidente del TSJ, que dice que “atacar” a Cabello es atacar a la patria?
“Estas y otras preguntas son imposibles de contestar ante organismos internacionales que creen en el Estado de Derecho, en el debido proceso y el cumplimiento de las leyes”, expresó.
Otero calificó de irresponsable los señalamientos del director de Conatel, William Castillo, quien afirmó que las restricciones para adquirir divisas para la compra de papel periódico se deben a que “el sistema fue penetrado por la corrupción privada”.
Pregunta cómo es posible que en un país donde el gobierno tiene el control absoluto de los poderes públicos se acuse de irregularidades en la compra de papel prensa sin que nunca se haya procesado ningún procedimiento formal al respecto.
Opinó que el gobierno no tiene cómo justificar ante organismos internacionales que la libertad de expresión en Venezuela es casi inexistente, después de años en los cuales se han ejecutado estrategias muy precisas para silenciar al periodismo independiente.
“Estas estrategias incluyen la agresión física directa a medios y comunicadores; la aprobación de leyes para cerrar medios audiovisuales discrecionalmente y desarrollar autocensura masiva en radio y TV; la utilización del sistema judicial para abrir procedimientos contra periodistas y medios con jueces provisorios; la represión administrativa, tanto tributaria como publicitaria; las campañas de difamación y de amenazas en los medios públicos contra los comunicadores no complacientes con el régimen; la compra fraudulenta de medios con dineros públicos; las restricciones a la compra de papel prensa a los periódicos que no comulgan con el régimen”, dijo.
Vía El Nacional.