TSJ Legítimo dictaminó “nulo” uso del del voto automatizado

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(A Todo Momento) — La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que con ocasión a la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela despacha desde el exterior, dictaminó este miércoles 13 de junio que es “nulo e inaplicable el uso del sistema automatizado de votación y escrutinio”, para la elección de cargos de representación popular de los poder públicos, así como la realización de referendos.

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Así lo dieron a conocer los máximos reprentantes del Poder Judicial que fueron designados y juramentados por la legítima Asamblea Nacional, quienes le ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE), que con la participación obligatoria de las universidades, de los partidos políticos, de los grupos de electores, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de los Colegios Profesionales, diseñe e implemente un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente manual, con preminencia del voto físico o papeleta electoral, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y solo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y totalización, con el objetivo de recuperar la confianza pública de los ciudadanos en el sufragio, como la forma legítima de participación democrática.

Un trabajador del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) revisa una de las máquinas que se utilizan en las elecciones presidenciales.

En una nota de prensa enviada por el tribunal se explica que la sentencia declara igualmente la inconsistencia del Registro Electoral y como consecuencia, ordena al CNE, inicie un proceso de depuración y actualización del mismo con la veeduría de la sociedad civil.

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En cuanto a los rectores del CNE, se exhorta a la Asamblea Nacional para que inicie el proceso de selección y designación, garantizando árbitros idóneos e imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan generar la transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y supervisión de los próximos procesos electorales.

Finalmente se ordenó notificar a la Fiscal General de la República para que dé inicio a la investigaciones pertinentes, con el objeto de establecer la responsabilidad penal de los Rectores del CNE por los presuntos delitos electorales, conspiración contra la forma republicana del Estado, violaciones de tratados internacionales y violaciones a los derechos humanos de los electores; así como por los delitos que atentan al patrimonio público con ocasión a la contratación de las empresas Smartmatic y Bitza, encargadas del proceso de automatización del actual proceso electoral venezolano.

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