El expediente que ha ocasionado el procesamiento penal contra tres generales de la Aviación y dos capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (uno de ellos retirado) por un supuesto complot para derrocar al presidente se inició gracias a una delación.
El dato fue aportado a la Dirección de Contrainteligencia Militar, Dgcim, por un teniente coronel de la Aviación de apellidos Ramos Lozada. En marzo este oficial trabajaba en la Ayudantía del Viceministerio de Educación para la Defensa.
La Dgcim elaboró un informe que sirvió de sustento para que la ministra de la Defensa, almirante en jefe Carmen Meléndez, autorizara el procesamiento penal del general de división Carlos Alberto Millán, los generales de brigada José Machillanda Díaz y Oswaldo Hernández Sánchez, todos ellos de la Aviación, así como de los capitanes de la Guardia Nacional, Juan Carlos Yaguaripano (activo) y Juan Carlos Nieto Quintero (retirado).
Documentos en poder de El Nacional indican que además de ellos son investigados otros militares activos, así como también personal civil de la FANB.
En atención a esto los fiscales del caso, mayor Elías Plasencia y primer teniente Jonathan Contreras, solicitaron a la juez tercera de Control Militar, Larisa Theis Ferrer, la intervención de doce números telefónicos, presuntamente utilizados por los participantes del complot. Los “pinchazos” están a cargo de la Dirección de Apoyo a Investigaciones Penales, a cargo del coronel Wuilman Hernández Aquino.
El año de la “siembra”. En la audiencia de presentación, los fiscales basaron sus imputaciones en las afirmaciones del teniente coronel. Dijeron que hubo 15 “reuniones conspirativas” en instalaciones del referido viceministerio desde el mes de noviembre.
Indica Ramos Lozada que el general Hernández conversó con él luego de los actos del 5 de marzo en Maracay para conmemorar la muerte de Hugo Chávez (“la siembra”, dice en los informes). Allí supuestamente lo invitó a participar en un “alzamiento militar”.
Según el delator, el general decía que el movimiento involucra a “un número significativo de oficiales”, descontentos por cosas tales como la escasez de alimentos y la creciente deuda con China. Anunció que las acciones comenzarían entre el 20 y el 21 de marzo.
En la audiencia todos los generales negaron participación en complot alguno. Dos de ellos (Millán y Machillanda) tomaron la palabra para definirse como chavistas y socialistas.
La juez Theis confirmó la detención y además anunció que los generales no serían sometidos a antejuicio de mérito pues, según ella, ese beneficio es solo para altos oficiales que comanden grandes unidades de combate para el momento de los hechos investigados.
Mientras tanto, avanzan averiguaciones administrativas contra más de 20 oficiales medios y subalternos de la Aviación y de la GNB. La idea es sacarlos de la FANB mediante procesos administrativos llamados consejos de investigación.
Pugna por ascensos. La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, indicó que en la FANB “hay muchos delatores”, que intentan aprovechar la proximidad de los ascensos para ganar favores en el Ejecutivo.
Señaló que “hay presiones” para extender las imputaciones por conspiración contra oficiales de la Armada, fuerza de la que surge la actual ministra de la Defensa.
Esta situación, añadió, ha generado descontento en los cuarteles. Aún así, aclaró que no están dadas las condiciones para un golpe de Estado, básicamente debido a que los uniformados no perciben un liderazgo en el ámbito civil.
Habla Lucas
En un video divulgado la semana pasada a través de Youtube, el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano expresó su rechazo al enfrentamiento entre venezolanos y a la actuación de cubanos en la FANB.
En el video solamente aparece el oficial, conocido en la investigación con el alias de Lucas, acompañado por una efigie de Simón Bolívar. Atrás, la bandera nacional versión siete estrellas y el vinotinto de la GNB.
Dijo que los militares “no somos indiferentes como ese pequeño grupo de oficiales que por temor a perder sus comodidades anda rodilla en tierra bajo el yugo castrocomunista”.
Caguaripano admitió que la oficialidad activa se está reuniendo para evaluar la situación del país, “para exigir la renuncia de un presidente y de cualquier autoridad que viole la Constitución”.
“Si eso no lo hacen los altos mandos, alguien tiene que hacerlo”, señaló.
Oficial secuestrado
El 2 de abril, a las 7:00 pm, personas que se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar se llevaron al capitán retirado (GNB) Juan Carlos Nieto cuando estaba con su esposa e hija en el centro comercial Plaza Las Américas.
Alonso Medina, abogado de Nieto, señaló que poco después la cónyuge Bethsaida Berríos recibió una llamada en la que exigían el pago de Bs 200.000 por su liberación.
Medina denunció la situación en el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GNB. Añadió que los captores se movieron entre Mariches, Petare y La Urbina. Luego, los militares cesaron la búsqueda.
Nieto formalmente desapareció. No estaba en la Dgcim de Boleíta. Lo encontró en extrañas circunstancias una comisión de la Guardia del Pueblo, el 4 de abril a las 2:30am en la avenida principal de Pinto Salinas. Lo lanzaron desde un Hyundai azul en movimiento.
Luego de ser llevado a un hospital, el oficial quedó detenido y a la orden del Tribunal 3º Militar de Caracas.