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EXCLUSIVO: INFORME DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOBRE VENEZUELA EN CRISIS

En el informe presentado en Denver se dijo sobre “hechos que agravan y agravarán la situación de la libertad de prensa” en Venezuela. Se dio cuenta del retiro por el Estado del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y otro la habilitación para que el Presidente de la República (Nicolás Maduro) legisle por vía de decreto, sin control público ni debate parlamentario.

 

La situación actual es radicalmente distinta. Si antes nos preocupaban los signos del deterioro democrático, ahora la democracia ha cedido y la prensa – que es su columna vertebral – vive su momento más difícil, signado por un cuadro de violencia institucional y social sin precedentes.

 

Luego de los hechos del último 12 de febrero, reseñados por la prensa internacional, el saldo son 37 muertos por heridas de bala o perdigones disparados a quemarropa; 461 heridos – según datos del Ministerio Público – de los cuales, entre muertos y heridos, de acuerdo al Foro Penal Venezolano, se han identificado 59 víctimas de torturas. Han sido detenidas 1.919 personas, en su mayoría sometidas a medidas judiciales cautelares por terrorismo.

 

El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nos informan de 105 periodistas agredidos o detenidos o amenazados, y a algunos le han sido decomisados sus equipos o borradas sus fotos por funcionarios policiales o militares o por los llamados “colectivos populares” (grupos civiles armados) al servicio del gobierno.

 

Observadores y colegas de la prensa extranjera hoy se preguntan, inexplicablemente, sobre el porqué de las protestas estudiantiles y populares que han concluido con el señalado cuadro de violaciones generalizadas de derechos humanos.

 

En los días anteriores al citado 12 de febrero e incluso desde el mismo mes de enero tomaron cuerpo distintas manifestaciones sociales  pacíficas, entre las que destacan las lideradas por los trabajadores de la prensa escrita, quienes toman conciencia de que sus fuentes de trabajo se encuentran bajo grave amenaza.

 

El gobierno nacional, en efecto, dejó de suministrarles divisas a la prensa independiente para la compra de papel periódico. Cosa opuesta a lo que ocurre con los medios dependientes del Estado. Y se ha creado una oficina adscrita a un ministerio para ocuparse de compras masivas de papel, a fin de revenderlo sólo a quien considere el gobierno. De modo que se encuentran bajo riesgo inmediato de cerrar sus puertas diez y nueve (19) cotidianos nacionales y regionales.

 

Dos razones abonan respecto de lo anterior. Una, la instalación definitiva de una hegemonía comunicacional de Estado con fines de propaganda ideológica y política, cuyo peso y las iguales amenazas del mismo gobierno han impuesto, a la vez, neutralidad o autocensura en algunos medios de comunicación privados. Quienes no aceptan ser silenciados son empujados a la quiebra o el cierre.

 

Los canales de televisión y la radio no estatales dan poquísima o ninguna cobertura informativa a actividades de la oposición democrática, amenazados por CONATEL, la agencia gubernamental de telecomunicaciones. Acallan situaciones donde, como las señaladas, se reprime con violencia criminal a la ciudadanía que ejerce su derecho de protesta. Ello, a un punto tal que se han producido renuncias o despidos de periodistas quienes, como en el caso de GLOBOVISIÓN, vieron censuradas sus imágenes dejando constancia, en los Estados Zulia y Lara, de la colusión entre la Guardia Nacional Bolivariana y los “colectivos” bolivarianos a fin de reprimir las manifestaciones de descontento. Es, asimismo, el caso de ULTIMAS NOTICIAS, cuya propiedad permanece bajo pacto de confidencialidad, pero dirigido por personas del gobierno y cuya Jefe de Investigación, Tamoa Calzadilla, renunció al censurársele su trabajo y no aceptar la criminalización sin pruebas de las protestas de la oposición.

 

La otra razón, que nutre a la protesta social creciente y en curso, es la realidad sobrevenida del agotamiento de las divisas, en un país petrolero que dilapidó más de 999.000 millones de dólares en los últimos tres lustros y confiscó a la economía privada. La inflación supera el 56 por ciento – una de la más alta del mundo – y la escasez o desabastecimiento de alimentos y medicinas, repuestos y pare de contar, se estima en 40%. El gobierno ha impuesto, a tal efecto, una tarjeta de racionamiento. Y en las horas recientes el dólar o la divisa oficial estimada en 6,50 bolívares ha saltado a la cota de 55 bolívares.

 

Lo cierto, en cuanto a la prensa escrita, es que desde agosto del 2013 se han registrado problemas para la adquisición de papel, y la negativa del gobierno para autorizar las transferencias para el pago de deudas acordadas con proveedores de papel y otros insumos, (en algunos casos con retrasos de 8 meses) mantiene paralizados los envíos de insumos a Venezuela.

 

El papel para los periódicos no se produce internamente y desde finales del 2012 dejó de ser un bien prioritario para el país, según el gobierno.  Así que, los interesados en comprarlo en el exterior deben tramitar un Certificado de ¨No Producción¨ ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), previa aprobacion de varias solvencias administrativas con entes del mismo Estado; todo lo cual es retrasado a discrecionalidad del funcionario de turno. Luego de ese proceso preliminar, hay que solicitar del Centro de Comercio Exterior (antes CADIVI, o Comisión de Administración de Divisas) el respectivo permiso de importación, en un enjambre de papeleos y permisos previos que puede demorar de 5 hasta 8 semanas, y, finalmente, una vez realizada la importación, se debe proceder, además, a recabar todos los documentos de aduana, derechos fiscales, e inspecciones militares, para  presentarlos ante CENCOEX y a objeto de que éste, constatando la importación efectuada, solicite el permiso para que el Banco Central de Venezuela autorice transferir el pago al proveedor de papel.

 

En algun momento atrás dicho proceso demoraba un promedio de 120 días. Actualmente el proceso puede llevar más de 180 días para unos, y más de (1) año para otros, según la simpatía o antipatía del funcionario tramitador; con las  consecuencias graves que ello tiene para la existencia de los medios impresos, por ende para la democracia y la libertad de expresión.

 

Entre el 26 de septiembre del pasado año hasta el momento de este informe han dejado de circular, de manera temporal o definitiva varios periodicos y varias revistas. Otros diarios acusan severas dificultades para circular por el agotamiento casi total de papel. Al menos 20 rotativos han reducido sus páginas o ediciones, para lograr estirar la mermada existencia de papel.  Varios de ellos no podran subsistir más allá de uno a dos meses.

 

Restaría agregar lo que es un compromiso inalterable de la prensa de Venezuela. Seguimos apostando a la recuperación de la democracia y los espacios de libertad severamente afectados por la anterior realidad. Si no hay prensa, no hay periodismo, y si no hay periodismo no hay democracia.

 

Hemos acogido con buen ánimo la preocupación manifestada por la SIP y otras instituciones internacionales, como el Parlamento Europeo y la Unión Europea, instando incluso a la OEA y a la UNASUR para que hagan valer sus buenos oficios, pero de buena fe, para ayudarnos a los venezolanos en esta delicada coyuntura. Pero sería engañarnos no reconocer la gravedad del momento.

 

Ante las manifestaciones pacíficas que ocurren, algunas de irascibilidad por la inexplicable e injustificable crisis económica y social a la que ha llegado el país después de 15 años de espejismo revolucionario marxista y por haberse empeñado nuestra riqueza petrolera – afuera y adentro del país – en tal despropósito, cabe decir que la contrapartida de los responsables gubernamentales ha sido la violencia criminal y de Estado.

 

La protesta ha sido reprimida por milicias creadas para la defensa de la revolución e integradas como quinto componente de la Fuerza Armada, desde 2005.  Y asimismo por los antiguos círculos bolivarianos, ahora mutados en “colectivos populares” (civiles armados y protegidos por el gobierno). Desde 2002, como le consta a la SIP y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron ellos los que causaron destrozos en las sedes de los medios de comunicación social independientes y agredieron a periodistas; quienes desde entonces usan chalecos antibalas y máscaras antigases para ejercer sus labores de información.

 

Y el intento de los responsables de esa represión de Estado, que, como lo diría Mandela, está en el origen de la sucedánea violencia de las manifestaciones ciudadanas, es procurar el silencio a nivel internacional.

 

El presidente Maduro ordenó sacar del aire y de los satélites nacionales la señal de NTN24, canal informativo de la television colombiana, por dar cuenta de lo explicado en este informe; y por el mismo motivo fue expulsada de Venezuela la corresponsal de CNN, Patricia Janiot. Han sido cerrados, además, innumerables portales de internet y twitter, por considerárselos lesivos a la revolucion.

 

Finalmente, cabe hacer constar que en juicio que duró 24 horas y en única instancia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recién removió de sus cargos a dos alcaldes de la oposición electos por el pueblo y ordenó encarcelarlos. Y una diputado de la oposición, por expresarse libremente ante la OEA y reclamar urgente atención para la situación de Venezuela, encontró en dicho organismo una orden de black out. Al regresar a Caracas, sin fórmula de juicio y mediando la opinión de la misma Sala Constitucional, le ha sido desconocida su condición de diputada electa y le fue prohibido su ingreso al parlamento, por orden del Presidente de la Asamblea Nacional, Capitán Diosdado Cabello.

 

Concluyo este informe mencionando dos hechos historicos sin precedentes para el periodismo, que compensan la tragedia narrada. Uno es la creación de un portal en Internet, donde por iniciativa de ANDIARIOS, la asociacion de medios de Colombia, los medios invitados de Venezuela pueden “colgar” informacion y fotografias para uso libre de varias decenas de periodicos a nivel latinoamericano, para informarle al mundo lo que está pasando entre nosotros. Y otro es el desinteresado envío de papel que la misma asociación colombiana de la prensa ha ofrecido a los medios venezolanos más afectados en sus inventarios. Se trata de gestos invalorables. Me quedaria corto en agradecimientos al usar todas las palabras disponibles del diccionario.

 

Debo resaltar, asimismo, el masivo uso de las redes sociales que tiene lugar, con sus señalados trastornos, a manos de una “prensa sin rostro” valiente, que hace un trabajo importantisimo en defensa de la democracia y de la libertad de expresión en nuestro país.

 

Le demando a nuestros colegas de la prensa, por lo expuesto, que antes que preguntarse porqué protestamos los venezolanos y su prensa, se interroguen porqué el gobierno reprime el sagrado derecho a la libre expresión y la manifestación pacífica, que no requieren de justificarse en una democracia verdadera.