(Redacción A Todo Momento) — El pasado miércoles 24 de enero, a las 3:00 de la tarde, la diseñadora Carola Hernández salía de su oficina en Los Palos Grandes en compañía de su socio y su novio cuando un grupo de funcionarios fuertemente armados se la llevaron. Quienes presenciaron el hecho pensaron que se trataba de un secuestro.
Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) la trasladaron a la sede en Boleíta. Allí se enteró que la habían relacionado con el exinspector Óscar Pérez, asesinado en El Junquito. La acusan de ser su cómplice. Fue llevada su primera audiencia a los cinco días de haberla detenido, y no durante las primeras 48 horas como lo indica la ley.
Un Tribunal Militar le dictó privativa de libertad. Fue acusada de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de artefactos de la Fuerza Armada. Por este mismo caso han sido detenidos el taxista Juan Carlos Urdaneta y el mecánico Joaldy Javier Deyon – y ocho uniformados – el teniente Carlos Arias y siete primeros tenientes: Eduardo Amaya, Jhoander Ceiba, Alberto Maita, Simón Torres, Anderson Pérez, Gustavo Sandoval y Robert Escalona.
Lea también: Almagro sugirió a países latinoamericanos sancionar a funcionarios venezolanos
Hernández lleva doce años al frente de una empresa de producción de eventos, es diseñadora y emprendedora. No conoce a ninguno de los otros condenados por el caso Óscar Pérez.
Sin ninguna prueba, fue recluida en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su abogada Lilia Camejo informó que la asocian con el robo de armas que llevó a cabo Pérez en un comando militar.
La oficina de Carola fue ilegalmente allanada durante su detención; se llevaron computadoras, el pasaporte de uno de los socios, y hasta botellas de whisky. A la defensa le ha sido negado el acceso a su expediente. Su caso lo lleva la Fiscalía Militar, una acción ilegal por tratarse de una ciudadana civil.
Lea también: Preso político Anthony Vega inició huelga de sangre en el Helicoide
Su próxima audiencia está pautada para el 3 de abril.
El régimen de Nicolás Maduro acostumbra a llevar adelante este tipo de prácticas ilegales. Durante las protestas antigubernamentales del año 2017 decenas de civiles fueron procesados por tribunales militares. Una aberrante acción que quedará registrada para la historia moderna venezolana.
Con información de Runrun.es