El Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un escrito de oposición a la medida cautelar dictada por el máximo ente judicial del país en su contra.
“Anexamos más de 500 folios probatorios que demuestran la actuación de la administración municipal que encabezo, así como dos CD´s, donde hay un repertorio de informes de la concesionaria encargada de la recolección de desechos sólidos Fospuca, con los más de 497 viajes de camiones llenos de escombros, entre otros”, agregó Blyde.
De acuerdo a un comunicado de prensa, Blyde informa que en el documento también se alega la incompetencia de la Sala Constitucional, ya que al tratarse de un asunto local, la demanda debió haber sido conocida no por el TSJ, sino por los tribunales de primera instancia en lo civil.
El Alcalde resaltó que también se opone por la falta de ponderación de los intereses, debido a que el demandante ha declarado que las barricadas fueron provocadas por terceros. “Además este señor ha señalado en los medios de comunicación que los motivos de su acción legal han sido resueltos en cierta medida, porque ya se puede circular por las vías”, apuntó.
Asimismo, el Alcalde informó que el pasado viernes consignó una solicitud de aclaratoriapara saber exactamente los términos del amparo cautelar, acordado en su contra y de su homólogo de El Hatillo David Smolansky.
Reiteró, una vez más, que las funciones de orden público no son competencia de las policías locales, sino de los cuerpos de seguridad superiores. Existen incluso, “resoluciones concretas desde el año 2010 firmadas por el entonces Ministro de Interior, Justicia y Paz, Tareck El Aissami, que explican cómo deben dotarse las policías municipales”, puntualizó.
Por otra parte, destacó que gracias a la mediación de la Alcaldía y de la Policía Municipal, en Baruta no se han registrado fallecidos durante las protestas que se iniciaron en Venezuela desde el pasado 12 de febrero y aclaró que en el municipio se han realizado grandes manifestaciones pacíficas, sin ningún tipo de incidencias, debido a la coordinación de la Policía Municipal y de organismos de seguridad del Ejecutivo.
Está en manos de la Sala Constitucional -acotó- apreciar este cúmulo probatorio para que determine el decaimiento de esta acción que, a su juicio, ya que perdió su objetivo inicial.