(A Todo Momento) — La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet indicó que su oficina no ha recibido información sobre la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durante la actualización oral de su informe sobre Venezuela, presentado este lunes.
Por Anaisa Rodríguez | Noticiero Digital
“Desde la presentación de mi informe el pasado 5 de julio a este consejo, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y tiene claros impactos desestabilizadores en la región. No hemos recibido información sobre medidas sobre la disolución de la FAES, por el contrario la FAES ha recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”, dijo Bachelet.
Asimismo, indicó que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país”.
Y refirió a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas. “Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas, que son en su mayoría mujeres”.
Sobre la situación económica, Bachelet, destacó que se ha agravado en los últimos meses. “Sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de derechos económicos y sociales de millones de personas, atraviesa el episodio hiperinflacionario más agudo de la región”.
“Al día de hoy el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Una persona necesita el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta básica alimentaria”, aseveró.
Precisó que las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos agravan esta situación. “La dolarización de facto de varios sectores exacerba las desigualdades, los servicios públicos siguen presentando fallas graves y recurrentes en especial en el estado Zulia. El desabastecimiento de gasolina, fuera de Caracas ha agravado la situación.
“El 8 de agosto pasado presente mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Pese a las excepciones contempladas en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto del sector financiero, reducción de ingresos públicos y caída de la producción petrolera agrava la situación humanitaria y el éxodo”.
Además, señaló que los venezolanos tienen serios problemas para acceder a los alimentos. “Caritas registró un 35% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años atendidos en julio de este año, en las zonas más pobres en 18 estados”.
Presos políticos
Informó que el gobierno se comprometió con permitir el acceso a 10 procedimientos especiales de su oficina para los próximos 2 años, además de establecer mecanismos para atender casos individuales. “La oficina ha remitido 7 casos prioritarios, que esperamos se resuelvan pronto”.
A la vez que señaló que este 6 de septiembre un miembro de su equipo visitó Ramo Verde, sin dar detalles, agregó, “se avanza en un calendario de visitas y un protocolo de visitas”.
Bcahelet, aseveró “el gobierno ha cumplido con la excarcelación de las 73 personas incluidas en las recomendaciones, las que nuestro equipo de trabajo considero que habían sido detenidos de forma arbitraria y que seguían en régimen de detención”.
Sin embargo, acotó “queda pendiente la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, quienes tienen medidas parciales”.
Indicó que espera que su delegación pueda visitar a los diputados Edgar Zambrano y Juan Requesens. A la vez que rechazó la condena al líder sindical Rubén González por un tribunal militar y los ataques a la autonomía universitaria.
“Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rúben González, por echos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical, su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles, constituye una violación del derecho justo”.
“Me preocupan las recientes acciones para probar una ley, que tipifica como delito las actividades de las ONGs que reciben fondo del extranjero, esa ley si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamentó también los recientes ataques del gobierno a la autonomía universitaria”, sentenció.