Empresarios, trabajadores y pensionados invitaron a recuperar el país

Jorge Roig, Pedro Moreno y Édgar Silva llamaron a participar hoy. Reiteraron que la crisis económica que vive el país es consecuencia de las malas políticas del gobierno e insistieron en que la asamblea nacional constituyente no es la solución a los problemas de los venezolanos

(A Todo Momento –  El Nacional Web) – La consulta que se está realizando hoy en Venezuela y en el extranjero representa un hecho histórico, porque se trata de decidir sobre el futuro que queremos para el país, por eso es necesario que todas las personas acudan a los puntos soberanos y se pronuncien, afirmó Jorge Roig, empresario y expresidente de Fedecámaras.

“Hoy se decide el futuro que queremos”

“Dentro de los lineamientos establecidos en el artículo 350 de la Constitución, pronunciarse es un derecho y también un deber dada la violación a la carta magna que pretende hacer el gobierno con la asamblea nacional constituyente. Por eso invitamos a empresarios y trabajadores, a sumarse al proceso y salir masivamente”.

Roig recordó que el sector empresarial fue uno de los que propuso la realización de una consulta popular, entre otras cosas, porque considera que la ANC que impulsa el Ejecutivo no es la solución a los problemas que atraviesa el país, en especial al desabastecimiento y el hambre.

“Los empresarios habíamos anunciado que íbamos a acompañar todos los procesos enclavados en la Constitución. Esta consulta está contemplada en la carta magna y es para saber si la gente quiere decidir su propio destino o está de acuerdo con un proceso ilegal, que convocó el presidente Nicolás Maduro por encima de sus atribuciones”.

Reiteró que hoy los empresarios de todo el país están prestando apoyo en la logística para la realización de la consulta. “Queremos garantizarles que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para apoyar este proceso. Estamos ayudando con insumos. Aportando soluciones. Procurando que la gente tenga los mejores establecimientos para votar”.

Los últimos dos gobiernos han acusado en reiteradas ocasiones al sector empresarial, por estar supuestamente detrás de una guerra económica, que acapara bienes básicos, para luego venderlos varias veces por encima de su precio.

Sin embargo, los empresarios han insistido en que la aplicación de políticas económicas, como el control de cambio y de precio, es lo que ha provocado la inflación, el desabastecimiento y el cierre de empresas.

Cifras reportadas recientemente por Fedecámaras indican que en los últimos años se ha perdido 60% del tejido empresarial y las empresas que se mantienen abiertas, operan por debajo de 30% de su capacidad instalada.

“Esta es la oportunidad de rescatar el salario”

La consulta popular es la gran oportunidad para que los trabajadores defiendan y rescaten derechos laborales fundamentales como el empleo y el salario que el gobierno de Nicolás Maduro ha pulverizado, manifestó Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

“Con una Constitución a la medida del oficialismo, los trabajadores perderán aún más, porque se afianzarán las decisiones arbitrarias que han ocasionado la depauperación de los venezolanos con la alta inflación sin que el gobierno haya hecho nada por detenerla”, dijo el representante de la CTV.

Destacó que Venezuela tiene uno de los salarios más bajos de América Latina, equivalente a 32 dólares mensuales, mientras que en la frontera colombiana pagan 320 dólares a la mano de obra poco calificada. “La crisis económica y la falta de libertad ahoga a los trabajadores y sus familias”, resaltó Moreno.

El sindicalista señaló que con la ANC el gobierno reitera “su carácter fascista” y demuestra que no tiene intención de rectificar políticamente ni de encaminar la economía.

“Es necesario un cambio de rumbo para reactivar la producción nacional, mediante incentivos fiscales y arancelarios, y generar así empleos dignos con salario decente”.

Moreno hizo un análisis del mercado laboral venezolano y destacó que la tasa de desempleo ronda entre 21% y 22%, lo que significa entre 2,8 millones y 2,9 millones de personas sin trabajo. Asimismo, la informalidad afecta a 5,8 millones de venezolanos lo que supera el sector formal, que ocupa a 5,1 millones de trabajadores.

Moreno abordó el terrorismo laboral contra los empleados públicos y las presiones para que voten a juro el 30 de julio. “No participar en la elección de la ANC es una decisión personal, pero está en juego la democracia. En cuanto a la consulta popular de la oposición los llamo a votar, ya que la identidad del elector está preservada porque los resultados no se enviarán al CNE”, consideró.

Respecto a la huelga general convocada por sindicatos y federaciones obreras no oficialistas y a realizarse en días siguientes a la consulta popular, el sindicalista opina: “Esa es una de las herramientas de lucha de los trabajadores, pero hay que planificarla muy bien para que todos los sectores se sumen”.

“Estamos cansados del trato discriminatorio”

La asistencia de los pensionados del Seguro Social a la consulta popular será importante, de acuerdo con las manifestaciones de apoyo a la iniciativa de la oposición expresadas por ellos en las asambleas celebradas en las plazas del país, informó Édgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Explicó que la mayoría de 3,5 millones de pensionados inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales participará en la jornada de hoy porque “están cansados del trato discriminatorio del gobierno que los ve como ciudadanos de tercera”.

Silva destacó que la pensión, equivalente a un salario mínimo vigente de 97.531 bolívares mensuales, no alcanza para adquirir los alimentos y las medicinas cada vez más costosos por la inflación. “Más de 50% de la pensión se va en los medicamentos que las personas de la tercera edad se ven obligadas a comprar en los expendios comerciales y después de recorrer varios negocios porque en las farmacias del Seguro Social no hay medicamentos”.

“El colmo de la discriminación es el pago especial de guerra económica de 29.000 bolívares al mes en contraste con los 153.000 bolívares mensuales del ticket alimentación que cobran los trabajadores activos”, explicó el dirigente social.

Denunció que el PSUV, a través de los consejos comunales y las UBCH (Unidades de batalla Bolívar Chávez), amenaza con quitarles la pensión a 600.000 beneficiarios de las misiones en Amor Mayor y Hogares de la Patria si no acuden a votar por la asamblea nacional constituyente el 30 de julio.

“La pensión es un derecho consagrado en el artículo 80 de la Constitución, pero el gobierno la interpreta cínicamente como una dádiva dentro de sus prácticas clientelares”, sostuvo Silva. Agregó que el gobierno incumple la carta magna al unificar la pensión en un salario mínimo cuando en el texto constitucional ese valor es un piso.

Otra muestra del “maltrato y la desidia gubernamental contra los adultos mayores” citada por Silva es que 11.700 pensionados y jubilados que viven en el exterior no cobran la pensión desde hace 20 meses. “Ellos rechazan la propaganda oficialista de que la ANC resolverá los problemas del país por lo que votarán en la consulta popular opositora”.

Vía El Nacional Web

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